La Cámara Civil define si habilita la llegada a la Corte de la pelea por la mudanza de la AFA a Pilar

La Cámara Nacional en lo Civil quedó a un paso de definir si habilita la llegada a la Corte Suprema de la pelea judicial por la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, una disputa que enfrenta al Gobierno nacional con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia .

El Estado Nacional ya presentó un recurso extraordinario federal para intentar revertir el fallo del 18 de junio pasado que avaló la mudanza, anuló decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dejó bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires el control de la Asociación.

La AFA, en respuesta, pidió que ese planteo sea rechazado y, de manera subsidiaria, advirtió que, si el expediente llega al máximo tribunal del país, reclamará que se confirme la sentencia que convalidó el cambio de jurisdicción de la sede social a Pilar.

Grave precedente En la apelación se sostuvo que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

“Permitir que las grandes corporaciones y asociaciones de alcance nacional modifiquen unilateralmente su jurisdicción registral para eludir investigaciones o sumarios de fiscalización en curso abre una zona de exclusión de control estatal”, sostuvo el escrito presentado por la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Justicia y la IGJ.

En la contestación presentada ante la Sala D del Tribunal de Apelaciones , la AFA afirmó por el contrario que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la CSJN” y sostuvo que el recurso del Estado no plantea un tema constitucional sino una discrepancia con un fallo adverso sobre “cuestiones de hecho, prueba, derecho común y derecho administrativo”.

La AFA añadió que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset no negó “la existencia de las facultades legales de la IGJ, no declaró la invalidez de las normas que las establecen ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que examinó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, habían sido ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, según el escrito al que accedió Infobae .

La discusión de fondo gira alrededor del cambio de domicilio de la entidad desde su histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un inmueble ubicado en Pilar .

Ese traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.