Emergencia por terremoto: Gobierno usará bienes del narcotráfico y flexibilizará el presupuesto para acelerar la reconstrucción

Las 319 personas fallecidas, junto con 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 364 rescatados, reflejan la magnitud de la emergencia que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Con ese panorama, y según el balance oficial actualizado con corte a las 6:30 a. m. del 20 de agosto, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para acelerar la llegada de recursos destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

La decisión quedó consignada en un decreto que busca eliminar obstáculos legales para movilizar dinero con mayor rapidez.

La medida surge en un contexto financiero que el Ejecutivo describe como una caja “precaria en extremo”, con apenas $47.265 millones disponibles en la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, obligó al Gobierno a replantear la forma en que podrá ejecutar recursos durante la emergencia.

La intención es reducir tiempos administrativos mientras continúan las labores de respuesta en las regiones afectadas.

La capacidad de reacción ordinaria, según el decreto, ya estaba condicionada por una crisis fiscal previa.

El documento señala que el nivel bruto de endeudamiento supera el 60% del PIB y que los presupuestos de recaudo incumplieron sus metas durante los últimos tres años.

Para enfrentar esa presión financiera, el Gobierno habilitó operaciones presupuestales excepcionales que permitirán hacer adiciones, traslados y otros movimientos sin seguir varios procedimientos habituales.

También podrá reorientar recursos no comprometidos de los Fondos Especiales de la Nación hacia la atención y recuperación de las zonas impactadas.

Otra de las herramientas incluidas autoriza utilizar de forma transitoria saldos de fondos especiales y de destinación específica mediante préstamos reembolsables.

El decreto aclara que esa decisión no deberá afectar las obligaciones originales de esos recursos mientras sean empleados para atender la emergencia.

El Sistema General de Regalías también tendrá un funcionamiento distinto durante este periodo.

El Gobierno podrá flexibilizar el acceso inmediato a los recursos asignados a departamentos y municipios afectados, dejando de lado varios trámites previstos por la Ley 2056 de 2020.