ONG de prensa alerta que el nuevo decreto sobre la protesta en Colombia no ampara a medios

Bogotá, 14 oct (EFE).- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó este miércoles que el decreto que regula la protesta social en Colombia, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella el martes, no garantiza la protección de los periodistas que cubren manifestaciones.

La ONG señaló en un comunicado que el decreto "autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo".

En ese sentido, la FLIP manifestó su preocupación porque es en esos momentos donde hay "mayor riesgo para la prensa" ya que se aparta a los comunicadores de "los lugares donde ocurren los hechos, se les impide grabar o resultan afectados por el uso de la fuerza".

"La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos", argumentó la FLIP sobre este decreto, estrenado este miércoles en una protesta contra el Gobierno.

La Fundación para la Libertad de Prensa recordó que durante el estallido social de 2021 documentó 263 acciones contra periodistas, de las cuales 36 fueron obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas.

Mensaje equivocado El presidente De la Espriella afirmó esta semana que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia".

En ese sentido, la FLIP advirtió que la nueva regla "envía un mensaje equivocado" porque "el Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen el periodismo frente a las amenazas de particulares" y "también tiene la obligación de que sus propios agentes no los agredan ni obstaculicen su trabajo, y de permitir que las actuaciones policiales sean objeto de escrutinio público".

"Una protección que solo mira hacia los particulares deja sin respuesta los abusos que pueden cometer los agentes del Estado", manifestó la ONG.

Por esa razón hizo un llamado a los ministerios de Defensa e Interior, así como a la Policía a incorporar "garantías expresas y obligatorias para la prensa en la reglamentación y aplicación del decreto", con instrucciones para "prevenir agresiones, restricciones arbitrarias y obstrucciones al trabajo periodístico durante los procedimientos policiales".

EFE