"No existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros", afirma economista tras el despojo a jubilados estadounidenses en Nicaragua

El despojo de nueve jubilados estadounidenses en Playa Gavilán, Tola, llamó la atención sobre un fenómeno que, según el economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro , podría atraer la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La confiscación fue valuada en más de USD 10 millones .

Los propietarios habían llegado a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir sus viviendas en 2010 , de acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital.

El caso, señaló Chamorro, se suma a lo que estimó en al menos 370 propiedades transferidas al Instituto de Seguridad Social (INSS) durante los últimos dos años, que a su juicio procederían de confiscaciones ilegales.

El mecanismo de transferencia de bienes al INSS El economista describió el procedimiento que, a su entender, se aplicó en estos casos.

Según su relato, la Procuraduría General de Justicia ejecuta el despojo y luego entrega los inmuebles al INSS, que puede transferirlos a terceros mediante ventas o contratos de alquiler .

Chamorro sostuvo que ese circuito ya se habría aplicado contra cientos de propietarios nicaragüenses antes del caso de Tola.

Chamorro, ex coordinador de la Coalición Nacional (CxL) en el exilio y quien afirmó haber sido también objeto de una confiscación en las isletas de Granada , planteó que las autoridades modificarían los números de asiento de los registros inmobiliarios .

“Han inventado un número que es indescifrable para que los confiscados no puedan saber el traspaso de la confiscación de la Procuraduría al INSS”, dijo Chamorro a Confidencial.digital .

A su entender, esa práctica buscaría impedir que se conozcan la ubicación , el valor y los destinatarios finales de los inmuebles.

El economista indicó, además, que la falta de registros accesibles le impide calcular con precisión el alcance total de los despojos, que —según su señalamiento— afectarían a particulares, empresas, medios de comunicación , asociaciones civiles e instituciones de la Iglesia católica .

Los bienes confiscados, observó, no pueden trasladarse ni ocultarse físicamente, por lo que los vecinos suelen reconocer a sus antiguos dueños.

Esa circunstancia, consideró, podría dificultar la incorporación de esas propiedades al mercado inmobiliario y facilitar que terminen en manos de personas cercanas al poder, aunque no precisó casos concretos de esa reasignación.

Chamorro vinculó el traslado de activos hacia el INSS con lo que calificó como un déficit operativo de la institución superior al 2% del producto interno bruto (PIB) , al que describió como una situación de quiebra .