Retos de la vulnerabilidad social post catástrofe, por Marino J. González R.

X e Instagram: @marinojgonzalez La estimación de los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio resulta una tarea muy compleja.

Una de las limitaciones más relevantes es la escasa información de fuentes oficiales en muchas áreas de la gestión pública.

Sin embargo, sin la definición de un marco de referencia es imposible empezar a identificar las políticas públicas que se deben ejecutar para atender la reconstrucción.

Es por ello de especial valor la publicación hace pocas semanas de la estimación de daños realizada por el Banco Mundial.

Aunque este reporte, conocido también como «Grade» por sus siglas en inglés, resume solo los daños económicos directos relacionados con la afectación de edificios e infraestructura, también contiene aspectos que permiten anticipar los efectos en la vulnerabilidad social posterior a la catástrofe.

De acuerdo con este reporte, el costo de los daños directos por los terremotos es 19,6 mil millones de dólares.

Los daños de edificios residenciales representan el 47% de esta cantidad, mientras que los edificios no residenciales y la infraestructura representan 26% y 27%, respectivamente.

La Guaira y el Distrito Capital fueron las áreas con mayores daños (47% del total).

En el caso de La Guaira se estima que los daños afectaron el 17% del stock de capital.

Si se considera el conjunto de La Guaira, Distrito Capital, Miranda y Carabobo, los daños ascienden al 85% del total de daños estimados.

También debe destacarse que se evidenciaron daños en 11 estados del país, y se incluyó un grupo de «otros estados».

Puede decirse que la catástrofe fue verdaderamente de magnitud nacional.

Los sectores de educación y salud resultaron con impactos significativos.

El reporte es bastante enfático al señalar que, si la inversión pública y privada se mantienen en los niveles actuales, completar la reconstrucción se puede prolongar por 10 años.