Amnistía Internacional y familiares demandan atención médica urgente para presos políticos en Venezuela #21Ago

Amnistía Internacional ( AI ) y familiares de presos políticos exigieron este jueves que se garantice una «atención médica oportuna» en los centros penitenciarios de Venezuela. Según denunciaron los allegados de los detenidos, las condiciones actuales de reclusión deterioran progresivamente la salud de los reclusos, obstaculizando las evaluaciones clínicas , retrasando exámenes indispensables y bloqueando el acceso a especialistas para tratar patologías específicas .

«Existe un patrón sistemático de negligencia frente a la necesidad de asistencia médica a tiempo, así como una constante subestimación de los síntomas o peticiones que plantean los presos políticos «, declaró Andreína Baduel , hermana de Josnars Baduel privado de libertad en 2020 e hija del difunto exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión en 2021.

Durante una transmisión en YouTube coordinada por Amnistía Internacional , Andreína Baduel advirtió que el régimen carcelario «incumple flagrantemente los estándares internacionales , lo que provoca que quien ingresa sin afecciones termine enfermando debido a la ausencia de cuidados médicos especializados y expeditos».

Por su parte, el activista Diego Casanova , perteneciente a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos , alertó sobre la existencia de prácticas recurrentes en las cárceles venezolanas , entre las que figuran «actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes» , sumados a «la restricción o dilación intencional de la atención médica».

Asimismo, el defensor de derechos humanos puntualizó que existen graves trabas para «el suministro constante de fármacos , la provisión de tratamientos adecuados, la continuidad de terapias , el seguimiento clínico necesario y el cumplimiento de dietas u otras exigencias médicas particulares» que reclaman algunos reos.

Casanova abogó por la excarcelación de todos los presos políticos , cuya cifra supera los 300 casos según el Foro Penal , poniendo especial foco en quienes sufren «afecciones graves de salud» .

Igualmente, recalcó la necesidad urgente de realizar una «valoración integral, autónoma y exenta de represalias» a todos los detenidos, asegurar el acceso a diagnósticos y fármacos «expeditos y recetados por especialistas», y mantener informados a los familiares sobre la condición clínica de sus allegados.

«Sostenemos que la custodia por parte del Estado conlleva una responsabilidad ineludible de resguardar la vida y la integridad de las personas», concluyó.

De manera paralela, Amnistía Internacional emitió un comunicado oficial en el cual insta al Estado a garantizar el «ingreso y dictamen de personal médico independiente »: la ejecución de exámenes completos y actualizados a cargo de profesionales sanitarios calificados y de absoluta confianza de los reclusos.

La organización también exigió traslados hospitalarios a tiempo, el restablecimiento de «procedimientos diagnósticos esenciales (tales como biopsias y estudios de imagen ) que han sido paralizados», y el respeto absoluto al derecho de comunicación entre los detenidos, sus familiares y sus defensores legales.

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