Organizaciones humanitarias exigen liberación inmediata de abogada opositora en Nicaragua

Ocho organizaciones humanitarias exigieron este viernes al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación inmediata de la abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro, detenida esta semana tras acudir a una delegación policial para renovar su licencia de conducir.

"Denunciamos la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Thelma Montenegro, abogada, notaria pública, defensora de derechos humanos e integrante de la Asociación Madres de Abril, cuyo paradero permanece desconocido desde el 25 de agosto", señalaron organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Montenegro, destacaron las organizaciones, "ha desarrollado una labor de defensa de derechos humanos y de denuncia frente a la impunidad por los asesinatos de varios integrantes de su familia ocurridos en el contexto de la represión del régimen Ortega-Murillo contra personas opositoras o percibidas como tales".

Su hermano Oliver Montenegro resultó asesinado en enero de 2019 en su finca en el municipio El Cuá (norte); posteriormente, en junio de ese mismo año, terminaron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón, en Honduras, donde buscaban refugio.

En agosto de 2019 asesinaron a su esposo, Francisco Blandón Herrera, en la ciudad de Wiwilí, fronterizo con Honduras, indicaron.

Explicaron que la abogada acudió el pasado 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, provincia Jinotega, con el propósito de renovar su licencia de conducir, y "una vez en el lugar quedó detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales".

Tras permanecer retenida durante tres días quedó en libertad el 22 de agosto.

Al día siguiente las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían confiscado durante la primera detención, y cuando se presentó resultó privada de la libertad de nuevo, añadieron.

"La negativa de las autoridades a proporcionar información sobre su suerte y paradero constituye una desaparición forzada y la coloca en una situación de particular riesgo e indefensión", advirtieron las organizaciones.

Esos organismos apuntaron que la desaparición forzada en Nicaragua se ha convertido en una práctica sistemática vinculada a la prisión política, utilizada para mantener a las personas privadas de libertad fuera de toda protección efectiva y profundizar el miedo y la incertidumbre.

En el caso de Montenegro, "esta situación reviste especial gravedad por su trayectoria como defensora de derechos humanos y su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia", alertaron.

Exigieron a las autoridades nicaragüenses informar de inmediato sobre las condiciones y el lugar en que se encuentra la abogada y garantizar su integridad personal, respetar y proteger su vida e integridad física, y liberarla.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reeleg