Sociedad civil exige transparencia en la selección de magistrados del TSJ

La selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abre un nuevo debate sobre la posibilidad de recuperar la independencia del Poder Judicial en Venezuela. Representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil coinciden en que el proceso debe estar acompañado de transparencia, criterios técnicos de evaluación y mecanismos que impidan que personas vinculadas con violaciones de derechos humanos ocupen cargos en la máxima instancia judicial del país.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia , considera que el proceso actual presenta diferencias respecto a los anteriores, aunque advierte que no existen garantías sobre su desenlace. A su juicio, la paralización del procedimiento iniciado en mayo y su posterior reactivación en un contexto de diálogo político obligan a examinar con atención las condiciones en las que se está desarrollando esta nueva selección.

Daniels señaló que el artículo 72 de la Ley Orgánica del TSJ permite al Comité de Postulaciones Judiciales solicitar colaboración a los sectores público y privado. Destacó la participación de integrantes de la sociedad civil que no forman parte de las estructuras políticas tradicionales.

“Es la primera vez en 27 años que un órgano vinculado con la elección de magistrados no está vinculado con el gobierno” , afirmó Daniels, quien considera que ciudadanos sin trayectoria partidista están apostando por la posibilidad de impulsar cambios en el sistema judicial.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno ha aplicado estrategias que buscan desalentar la participación ciudadana. Entre ellas mencionó la designación del diputado de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello para presidir el comité. Daniels sostuvo que existe el riesgo de que la población pierda la confianza en el proceso y recordó que las autoridades podrían actuar para favorecer sus intereses.

Pese a esas reservas, el director de Acceso a la Justicia defendió la posibilidad de avanzar hacia una renovación judicial que permita acompañar una eventual transición política. Considera que existen personas con trayectoria y reservas morales suficientes para desempeñar funciones judiciales con independencia e imparcialidad.

“Hay una pequeña ventana de posibilidad para que el país vuelva a la democracia”, expresó.

La revisión de los antecedentes de los aspirantes constituye una de las principales exigencias de las organizaciones de derechos humanos.