Migración de contratos petroleros avanza con retraso en tanto se firman acuerdos nuevos

La migración de los contratos petroleros heredados de la ley anterior al nuevo esquema de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sigue avanzando con retraso, mientras el Gobierno firma acuerdos nuevos con empresas que están entrando por primera vez al país, explicó la periodista especializada en energía Marianna Párraga.

Recordó que el proceso debía completarse en seis meses —entre enero y julio de 2026—, pero solo los contratos principales han sido firmados. Los contratos secundarios continúan en negociación y podrían tardar “unos meses más” en cerrarse. Este rezago ocurre en paralelo a la llegada de nuevos actores al sector.

En medio de este retraso, el Gobierno firmó dos contratos definitivos: uno con Hunt Oil, que recibe tres campos en producción, y otro con SLB, que modernizará la data geológica de Pdvsa y reconstruirá los sistemas técnicos que la estatal perdió tras el ciberataque de 2025.

En los próximos días se sumará Cross Over Energy, otra empresa independiente estadounidense que entra por primera vez al país. Estas compañías —conocidas como wildcatters— buscan oportunidades en mercados de alto riesgo y están interesadas en cuencas abandonadas, el norte de Monagas y los greenfields (campos vírgenes) de la Faja del Orinoco.

SLB comenzó a ejecutar su contrato de inmediato, expandió su personal y reactivó taladros de perforación. Su labor se centra en modernizar la información de yacimientos, reservas y producción, un vacío técnico que Venezuela arrastra desde hace más de una década.

Aunque Venezuela ofrece un subsuelo atractivo —las mayores reservas de crudo del mundo y las mayores reservas de gas de América Latina— Párraga advirtió que los inversionistas identifican retos estructurales que complican tanto la migración contractual como la entrada de nuevos operadores.

La crisis eléctrica, con racionamientos en Caracas y cortes de hasta 10 horas en regiones, la falta de agua continua y la burocracia que afecta importaciones y operaciones siguen siendo factores determinantes.

Siete meses después de los hechos del 3 de enero, Párraga señaló que hay más entusiasmo, pero también más realismo. Las empresas ya conocen los procesos y las limitaciones del país, y enfocan sus decisiones en la necesidad de servicios públicos confiables y menos trabas administrativas para poder invertir.