Delcy Forever
Hay pactos que se firman y otros que no necesitan tinta.
Se construyen a partir de intereses coincidentes, de prioridades que comienzan a ordenarse de la misma manera y, sobre todo, de decisiones que permiten que dos actores aparentemente enfrentados terminen encontrando un punto de conveniencia común.
Lo ocurrido en Venezuela durante los últimos días obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transición política o ante una fórmula para postergarla mientras Washington y Caracas avanzan en una agenda energética de largo plazo? No afirmo que exista un pacto secreto entre Donald Trump y Delcy Rodríguez para mantener al actual gobierno venezolano en el poder.
No hay elementos públicos suficientes para sostener semejante afirmación como un hecho.
Pero sí existen señales que permiten formular una hipótesis política que merece ser discutida: que la transición venezolana podría estar dejando de ser una urgencia para convertirse en una variable negociable.
Y eso cambia completamente el tablero.
El anuncio del acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela introduce un elemento de enorme dimensión.
Se habla de inversiones, recuperación de la producción petrolera, participación de empresas estadounidenses y un horizonte de hasta 25 años para el desarrollo de determinados proyectos.
Desde la perspectiva estadounidense, el acuerdo puede representar acceso privilegiado a una de las mayores reservas petroleras del mundo, oportunidades para sus empresas, mayor influencia sobre el sector energético venezolano y un instrumento geopolítico de primer orden.
Desde la perspectiva del gobierno venezolano, representa algo igualmente importante: ingresos, inversión, recuperación de la industria petrolera y, sobre todo, tiempo .
Y aquí está el verdadero problema político.
Porque el petróleo puede recuperarse en meses o años, pero una transición democrática no puede quedar indefinidamente subordinada a la recuperación económica. ¿Petróleo primero y transición después? Durante meses, el debate venezolano ha girado alrededor de la necesidad de reconstruir las instituciones, liberar a los presos políticos, recuperar derechos, renovar el sistema electoral y establecer las condiciones para una elección verdaderamente competitiva.
Ese debería seguir siendo el centro de cualquier proceso de transición.
Sin embargo, existe el riesgo de que el orden de las prioridades comience a invertirse.
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