Magistrados con visión de estado, por Rafael Veloz

Esta semana, por invitación de la comisión delegada que representa a la Asamblea Nacional 2015 ante la Mesa de Diálogo, acudimos al bicentenario Ilustre Colegio de Abogados de Caracas.

Estaban allí los presidentes de los colegios de abogados del país y juristas de reconocida trayectoria.

Fuimos en nombre del Programa de Organización Ciudadana, con el liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos de Venezuela, CONFEPUV, y del Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, y planteamos una tesis que quiero compartir con los lectores, porque define todo lo que viene: para integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia no basta con ser un buen abogado.

Lo que van a recibir los nuevos magistrados Hay que decir con precisión qué se les va a entregar, porque de ahí se deduce qué se les debe exigir.

Durante más de un cuarto de siglo se construyó en Venezuela un Estado paralelo.

No fue un problema de retardo procesal, de desorganización o de mala técnica jurídica.

Fue otra cosa: el Poder Judicial fue secuestrado y convertido en la herramienta que validaba, con apariencia de legalidad, lo que la Constitución prohíbe.

Los ejemplos están a la vista de todos.

Las sentencias de la Sala Constitucional de marzo de 2017 que usurparon las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015 no fueron un error de interpretación: fueron la anulación de un poder público por otro.

El desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 no fue un problema probatorio: fue una decisión.

El incumplimiento sostenido de las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos no es una demora administrativa: es una política.

Y la criminalización de la disidencia, con miles de venezolanos que han pasado por la prisión política, trescientos veintidós todavía privados de libertad según el Foro Penal, con torturas, muertes y desapariciones de personas bajo custodia del Estado, no se explica por el desconocimiento técnico del derecho.

Todo eso ocurrió porque fue construido un terrorismo de estado, la interpretación de la ley fue sustituida por criterios políticos y consignas ideológicas, y porque jueces, fiscales y auxiliares del sistema judicial fueron convertidos en operadores sin independencia, sin estabilidad y sin más deber que validar lo decidido en otra parte, para convertirlo en un estado delincuente..

Dos fases, no una De ahí se sigue que la reinstitucionalización tiene dos fases y no una sola, y que confundirlas es el error más costoso que podríamos cometer.