Impunidad bajo escombros: corrupción y derecho a la vida en catástrofes sísmicas

La corrupción en la construcción de viviendas públicas y la falta de investigaciones penales tras el terremoto que sacudió a Venezuela en junio de este año podrían trascender el ámbito administrativo para convertirse en una violación del derecho a la vida, según concluye un estudio elaborado por el abogado y especialista en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez , al que ha tenido acceso en exclusiva El Nacional .

La investigación, titulada Impunidad bajo escombros: corrupción y derecho a la vida en catástrofes sísmicas , el jurista analiza de forma comparada los terremotos ocurridos en Haití (2010), Turquía (2023) y Venezuela (2026), con el objetivo de demostrar que la magnitud de las tragedias humanas no depende únicamente de la intensidad del fenómeno natural, sino también de las decisiones adoptadas antes y después del desastre.

Sobre la base académica proporcionada por Ambraseys y Bilham (2011) y por Cevik y Jalles (2023), se sostiene que la letalidad observada en estos episodios no resulta explicable únicamente por la magnitud del evento geofísico, sino por la interacción entre corrupción sistémica, debilidad regulatoria y déficits de control técnico en la construcción de obra civil.- Juan Carlos Gutiérrez, abogado.

El trabajo emplea una metodología jurídico-dogmática, complementada con el análisis de fuentes primarias, informes institucionales, literatura especializada y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. El estudio de caso comparado permite identificar tres modalidades distintas de fracaso institucional: la omisión regulatoria y la apropiación de fondos de reconstrucción en Haití, la persecución penal selectiva con persistencia de impunidad funcionarial en Turquía, y la inobservancia sistemática de estándares sismorresistentes existentes en un contexto de corrupción estructural en Venezuela.

A partir de este análisis, el jurista argumenta que “la corrupción en la construcción y en la gestión de la obra pública puede constituir una vulneración de las obligaciones positivas del Estado en materia de protección del derecho a la vida, en los términos desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Gutiérrez sostiene, en el estudio, que “los terremotos no ocasionan por sí solos las catástrofes humanas que a menudo los siguen” , sino que “la magnitud del daño depende, en buena medida, de las decisiones previas de diseño, regulación, construcción, supervisión, mantenimiento de obras civiles y la respuesta institucional post factum “.

Según el estudio, cuando las edificaciones se levantan con materiales deficientes, sin controles técnicos efectivos o mediante esquemas de contratación afectados por corrupción, “el desastre natural deja de ser un hecho exclusivamente geofísico y se convierte también en un fracaso normativo y político” .

Uno de los principales argumentos del trabajo es que Venezuela no carecía de normas sismorresistentes antes del terremoto de 2026. El problema, sostiene el autor, fue su incumplimiento sistemático.