CIDH lleva a la Corte Interamericana el caso de la muerte del concejal Fernando Albán
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente N.° 14.267 sobre la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán.
El organismo continental determinó la responsabilidad del Estado venezolano en la vulneración de los derechos del dirigente opositor, así como en los actos de hostigamiento contra sus familiares y la impunidad que rodea el hecho.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) aprehendieron al concejal de 56 años el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras su regreso de la Asamblea General de la ONU.
El organismo internacional concluyó que la detención careció de orden judicial y constituyó una desaparición forzada de corta duración.
Tres días después del arresto, las autoridades informaron sobre el presunto suicidio de Albán dentro de la sede del cuerpo de seguridad, una versión que la defensa y la familia rechazaron debido a severas irregularidades en el levantamiento del cadáver y la causa del deceso.
El informe de fondo de la CIDH estableció que Albán fue víctima de torturas y de una ejecución extrajudicial mientras permanecía bajo custodia del Estado.
La resolución concluyó además que el proceso judicial instaurado en su contra violó el principio de legalidad y respondió a una persecución por su militancia partidista.
Los tribunales venezolanos solo procesaron a dos funcionarios por incumplimiento de deberes de custodia, a quienes posteriormente les redujeron las penas hasta otorgarles la libertad, sin abrir líneas de investigación sobre los tratos crueles ni la muerte del opositor.
La CIDH solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado venezolano la reparación integral de las víctimas en los ámbitos material y psicológico.
Asimismo, el organismo exigió la apertura de un juicio imparcial que sancione a todos los responsables de la cadena de mando, la anulación de los antecedentes penales fabricados contra Albán y la adopción de medidas estructurales de no repetición que garanticen la independencia del Ministerio Público.
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