Justicia, Encuentro y Perdón expone el costo invisible de la persecución política en el país

La prisión política en Venezuela no termina en las paredes de una celda, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón señala que su impacto se extiende hacia madres, padres, hijos y demás familiares que enfrentan vigilias, incertidumbre, dificultades económicas y temor a represalias por exigir información y justicia.

El documento plantea que este fenómeno puede entenderse como un “castigo extendido”, mediante el cual las consecuencias del encarcelamiento alcanzan al entorno inmediato del detenido. Esta situación, según el análisis presentado, se habría agravado tras el sismo del 24 de junio y las denuncias sobre nuevos abusos contra presos políticos en el Centro Penitenciario Rodeo I.

El análisis sostiene que la persecución no se limita al acoso directo, sino que también opera mediante el temor a denunciar o reclamar. Bajo esta dinámica, familiares de los detenidos quedarían expuestos a un ambiente de intimidación que los lleva a guardar silencio ante posibles represalias.

A esta presión se suma el costo económico de las visitas y vigilias frente a los centros penitenciarios. Para hogares con recursos limitados, trasladarse, llevar alimentos, medicinas y productos básicos representa una carga que se vuelve todavía más difícil después de una emergencia como el terremoto.

El documento también aborda el impacto sobre familias separadas por la migración forzada. La distancia impide, en algunos casos, comprobar directamente las condiciones en las que se encuentran los detenidos y aumenta la angustia ante la falta de información oficial.

La persecución política también tendría consecuencias sobre la dinámica familiar y la crianza. El análisis advierte que cuando existen niños y adolescentes, la separación prolongada de uno de sus padres puede generar un escenario de desamparo y alterar su desarrollo familiar.

La situación se presenta como una afectación que trasciende al detenido y alcanza al conjunto del hogar. El texto vincula esta realidad con las obligaciones de protección de la familia y de los menores contempladas en la Constitución venezolana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

En paralelo, las familias deben asumir gastos relacionados con la alimentación, medicamentos y otras necesidades de los privados de libertad. El documento sostiene que esta carga puede terminar afectando incluso la capacidad de los hogares para atender sus propias necesidades, particularmente después de los daños provocados por el sismo del 24 de junio.

Uno de los episodios destacados corresponde a las denuncias sobre hechos ocurridos el 5 de julio de 2026 en el Centro Penitenciario Rodeo I. Según los testimonios recopilados en el documento, familiares denunciaron golpizas, impactos de perdigones, uso de gas lacrimógeno en las celdas, confiscación de pertenencias y paquetería familiar.

También se reportó la desaparición temporal de al menos siete internos y casos de sangrado, vómitos y presunta sedación.

El temor se habría incrementado debido a las condiciones de las instalaciones penitenciarias después de los terremotos.