Carabobo alza la voz por la propiedad privada, por Ivan López Caudeiron

La defensa de la propiedad privada no es un capricho de los sectores privilegiados ni una consigna abstracta acuñada en los despachos; es el pilar ontológico sobre el que descansa la dignidad humana, la paz social y el derecho inalienable a construir un futuro con el sudor de la propia frente.

A lo largo de décadas de transitar los caminos de nuestra región carabobeña, desde el pulso incansable de la radio hasta la trinchera del servicio público y la dirigencia social, he sido testigo directo del desgarro que produce ver cómo el esfuerzo de toda una vida se desvanece ante la mirada cómplice de la desidia institucional.

Hoy, en mi doble condición de articulista y de ciudadano comprometido con el orden constitucional, asumo la posición más firme de mi trayectoria al dar inicio a la gran cruzada regional del movimiento “Voces X la propiedad PRIVADA”, una iniciativa inaplazable que nace desde las entrañas de nuestras comunidades para recordarle a la República que sin ley, sin justicia y sin respeto al patrimonio legítimo, la convivencia democrática se extingue por completo.

El ordenamiento jurídico venezolano, consagrado de manera diáfana en el texto fundamental de nuestra Constitución, establece con rigurosidad quirúrgica que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, y que la propiedad está garantizada bajo el manto protector de la ley, permitiendo la expropiación únicamente por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y previo pago oportuno de justa indemnización.

Sin embargo, la brecha dolorosa entre la letra muerta de los códigos y la cruda realidad de los atropellos cotidianos se ha convertido en una herida abierta que sangra en cada rincón de nuestra geografía.

Permitir que el derecho de propiedad sea socavado bajo eufemismos ideológicos o bajo la tolerancia pasiva de las autoridades equivale a demoler los cimientos mismos del Estado de Derecho, transformando el pacto social en una ley de la selva donde el despojo se disfraza de reivindicación y la legalidad queda relegada al capricho del más fuerte.

Para comprender la magnitud de esta tragedia social no hace falta buscar ejemplos abstractos en manuales de economía; basta con mirar el emblema doloroso de lo que ha ocurrido en el municipio San Diego, específicamente con el malogrado desarrollo urbanístico del terreno denominado Valle de Colina.

Aquel proyecto que en el año 2010 representaba la materialización de los sueños de decenas de familias y el fruto de una inversión privada honesta, planificada y ajustada a derecho, terminó convertido en un páramo de desesperanza tras la irrupción de la invasión y la posterior inacción de los poderes públicos.