Provea exige transparencia sobre excarcelaciones y denuncia bloqueos administrativos a beneficiarios

El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, hizo un llamado urgente al Estado venezolano para que emita de forma oficial los datos sobre las medidas de excarcelación otorgadas desde el pasado 14 de agosto, argumentando que la opacidad gubernamental genera angustia en los familiares y distorsiona el alcance real de los anuncios institucionales.

Durante una entrevista concedida este martes a Unión Radio, el representante de la organización no gubernamental planteó la creación de un portal digital actualizado, adscrito al Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde se detalle la cédula de identidad y el centro de reclusión de cada persona beneficiada.

“Lamentablemente se repite un esquema que ya hemos visto en otros procesos de anuncio de excarcelaciones, que se puede resolver de una manera muy sencilla, sin generar más revictimización y sin colocar a la población en esta situación de incertidumbre entre la cifra que se anuncia y la que se verifica”, sostuvo Murillo, al referirse a la discrepancia entre los 131 casos difundidos por voceros del Gobierno y los 81 confirmados de forma independiente por las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Detenciones al margen de la ley Al abordar el estatus jurídico de quienes han salido de los recintos penitenciarios, el activista fue enfático al catalogar los arrestos como privaciones ilegítimas de la libertad que contravienen la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

“Nos ajustamos al estándar internacional de que se trata de personas detenidas arbitrariamente. ¿Qué significa eso? Que resultaron detenidas sin una orden judicial previa, no hubo debido proceso, no tuvieron asistencia a la defensa y han pasado por una situación de privativa ilegítima de libertad”, aseveró el vocero de la ONG.

Murillo recalcó que la figura aplicada en estos casos corresponde técnicamente a excarcelaciones con medidas restrictivas y no a liberaciones plenas, por lo que los ciudadanos continúan sujetos a procesos judiciales. excarcelaciones y obstáculos para la reinserción civil El representante de Provea advirtió también que, aun en los expedientes donde los tribunales decreten el cese formal de la causa, persisten fallas de comunicación y bloqueos entre las distintas dependencias estatales que impiden el pleno ejercicio de los derechos civiles de los afectados.

“Llevamos muchos casos registrados y documentados de que no terminan enviándole toda la información a todas las dependencias.