Transparencia Venezuela exige la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2027
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela exigió este viernes 16 de octubre al Ejecutivo nacional la publicación inmediata de los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2027.
La solicitud surge dos días después de que el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, entregó formalmente ambos documentos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.
La ONG denunció la persistencia de una política de opacidad fiscal que acumula una década en la gestión pública.
La institución señaló que, aunque los funcionarios gubernamentales cumplieron con el plazo constitucional para la consignación del texto ante el Parlamento, el Estado venezolano vulnera las normativas legales vigentes que obligan a difundir los montos, las partidas y las asignaciones presupuestarias para el conocimiento de la ciudadanía. «Como ocurre desde hace una década, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento no están disponibles en ningún portal.
La experiencia de años anteriores apunta a que, una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas», advirtió la organización a través de un comunicado institucional.
El reporte del organismo de veeduría ciudadana subraya que el artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena la divulgación previa de los proyectos de ley antes de su presentación formal ante el Poder Legislativo.
Asimismo, el texto legal enfatiza el carácter público que debe regir la administración del patrimonio del país, una premisa que impide el manejo confidencial de las partidas financieras de la República.
Transparencia Venezuela cuestionó las justificaciones oficiales para mantener ocultas las cuentas públicas en un contexto económico caracterizado por la entrega de nuevas licencias petroleras, acuerdos mineros y una posible reconfiguración de las relaciones comerciales internacionales. «Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?», cuestionó la ONG.
La organización recordó que el acceso a la información constituye un derecho fundamental inalienable de los venezolanos para auditar el destino de los fondos del Estado. «La transparencia presupuestaria no es un trámite burocrático: es saber cuánto dinero tiene el Estado, a qué se destina y si se traduce en agua, electricidad, reconstrucción luego del doble terremoto, salud, educación e infraestructura», concluyó la institución en su escrito.
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