"Se acabó la pesadilla": Emirlendris Benítez se reencontró con su hijo tras ocho años presa (VIDEO)

Las presas políticas Emirlendris Benítez, Samaira Romero, Jennifer Osuna, Maryfrancis Marcano y María Auxiliadora Delgado fueron excarceladas este viernes del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, estado Miranda. | Foto: X / @kaoru_yonekura La expresa política Emirlendris Benítez protagonizó este viernes un emotivo reencuentro con su hijo Santiago, quien la esperaba junto a otros familiares tras su excarcelación a las afueras del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda. lapatilla.com Un video compartido en X por la periodista Carla Angola registró el momento en que Benítez abandonó el centro de reclusión en silla de ruedas para abrazar a Santiago, a quien no veía desde su detención hace ocho años. «Se acabó la pesadilla», expresó la familia durante la reunión.

El momento tuvo un significado aún más especial para Santiago, quien había cumplido 13 años pocos días antes y cuyo principal deseo de cumpleaños era volver a ver a su madre.

La excarcelación fue confirmada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y por Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.

Ocho años de detención arbitraria y torturas Emirlendris Benítez permaneció privada de libertad desde el 5 de agosto de 2018, cuando el régimen chavista la vinculó con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro, tras haber abordado un servicio de taxi que conducía su pareja.

Posteriormente, fue acusada de delitos como terrorismo y asociación para delinquir.

Durante su custodia inicial, estuvo desaparecida e incomunicada por más de 45 días.

En ese período —y contando con cuatro meses de gestación— fue sometida a torturas por parte de organismos de seguridad del Estado, lo que le provocó la pérdida de su embarazo y secuelas físicas permanentes que la dejaron en silla de ruedas.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó una medida de protección.

Dos años después, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su detención era arbitraria y solicitó su liberación inmediata.

Ese mismo año, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera, declaró públicamente que Benítez no tenía relación con el supuesto atentado.

En agosto de 2022, tras un proceso judicial cuestionado por organizaciones de derechos humanos, Benítez fue condenada a 30 años de prisión.

Posteriormente, en 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado de EEUU exigió su liberación.

Amnistía Internacional también emitió acciones urgentes en 2023 y 2024 para solicitar su excarcelación y atención médica.