Juez federal bloqueó norma de Trump que limita la permanencia de estudiantes y periodistas extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los medios de comunicación en Dublín (Irlanda), el 12 de septiembre de 2026.

El presidente estadounidense realiza una visita de dos días a Irlanda, que incluye una visita a su campo de golf en Doonbeg.. (Irlanda) EFE/NEIL HALL Un juez federal ordenó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump no implementar una nueva norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

En su fallo, el juez F.

Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de EE.

UU. para el Distrito de Massachusetts, calificó de “excepcionalmente débil” la justificación del Ejecutivo para emitir la regla que reduce el tiempo de estadía legal de extranjeros que ingresan al país con los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.

“(La norma) plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas”, escribió el juez en su fallo temporal.

La norma que entraría en vigor este mes establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo 90 días.

El juez indicó en su orden temporal que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo.

El bloqueo a la implementación es temporal mientras se desarrolla la demanda presentada por una coalición de asociaciones de educadores y sindicatos que alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “no evaluó adecuadamente” sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público, y no consideró alternativas menos onerosas, entre otras omisiones.

Los demandantes también alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública adecuado.

Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que encabeza la demanda indicó en un comunicado que la norma “menoscabará gravemente” las contribuciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es necesario frenar su implementación.