Provea insta a la Defensoría a actuar por bloqueos web y desapariciones forzadas

Provea sostuvo una reunión con la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, para consignar una propuesta de siete ejes enfocada en el rescate del Estado de derecho.

La ONG exigió el cese del bloqueo a medios digitales, la investigación de desapariciones forzadas, la reforma del sistema de justicia y el cumplimiento estricto de la Ley contra la Tortura La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo este martes 22 de septiembre un encuentro de trabajo con la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, y su equipo directivo, con el propósito de presentar una agenda de peticiones orientadas al rescate del Estado de derecho, la restitución de garantías constitucionales y la institucionalización de la función pública.

Durante la reunión, la organización consignó un pliego de demandas estructurado en siete ejes estratégicos, instando al órgano defensorial a adecuar su actuación a los Principios de París, la Carta Magna y la Ley Orgánica que rige sus competencias.

Provea solicitó priorizar la reforma integral del sistema de justicia con participación ciudadana y desmantelar los instrumentos legales que limitan el ejercicio del espacio cívico.

La representación de la ONG cuestionó la persistencia en la restricción de derechos digitales.

Pese a los anuncios previos sobre la restitución del acceso a internet, la organización denunció que la mayoría de los portales informativos y plataformas web continúan sometidos a bloqueos discretivos por parte del Estado, afectando la libertad de información.

En materia de garantías fundamentales, la organización exigió la intervención de la Defensoría ante los casos de ejecuciones y desapariciones forzadas.

Al respecto, instó a solicitar informes a la Fiscalía sobre las investigaciones por los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez, así como por los paraderos de Alcedo Mora, Hugo Enrique Marino, los hermanos Vergel, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorgen Guanares.

Por último, el pliego abarcó la urgente activación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, la fiscalización de los servicios públicos —con atención prioritaria a las familias damnificadas por eventos sísmicos recientes—, el monitoreo del impacto ambiental frente a la expansión de acuerdos extractivos y la obligación institucional de publicar los informes anuales de gestión y rendición de cuentas.

Entre las cosas que exigió se encuentran las siguientes: Acciones contra el abuso policial y militar , lo que incluye velar por el cumplimiento efectivo de la Ley contra la Tortura y la definitiva puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.