Opaco, ilegítimo e inviable: las primeras reacciones al nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.

Las primeras reacciones al nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tienen coincidencias: la negociación peca de opacidades institucionales, compromete el patrimonio nacional a cambio de un retorno fiscal bajo y arrastra dudas sobre su validez constitucional. Economistas, sectores de la oposición y defensores de derechos humanos encendieron las alarmas este sábado, 29 de agosto, frente a las condiciones del pacto.

Según los comunicados de ambos gobiernos, el convenio establece que el Estado venezolano entregará 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles en reservas, a cambio de que inversionistas estadounidenses aporten más de 100.000 millones de dólares en capital y tecnología. Aunque el proyecto promete dejarle a Venezuela 209.000 millones de dólares por concepto de impuestos, economistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron severas dudas sobre la viabilidad del proyecto, sus condiciones fiscales y la falta de transparencia del proceso.

Las proyecciones fiscales presentadas por el Ejecutivo generaron inmediatas objeciones en el sector económico. Francisco Monaldi , economista y director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker, calificó de “insólitamente bajo” el el monto de impuestos por recabar, señalando que los 209.000 millones de dólares proyectados sobre 65.000 millones de barriles equivalen a una tasa de apenas 3,2 dólares por barril . Advirtió que “si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria” y alertó sobre una falta de transparencia alarmante en la gestión energética.

Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas $3.22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4.7 % del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez. https://t.co/DrmSHr1kbM

Sobre los retos del acuerdo, que “pretender una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que sobre el papel lucen muy atractivos”. Planteó que el país debe exigir garantías reales para evitar que este proceso termine convertido en otro ciclo de ingresos extraordinarios.

Por su parte, el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez , desestimó posibles beneficios a corto plazo debido a las complejidades técnicas que exigen los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco. En una entrevista a El Nacional , calificó el acuerdo como “inconstitucional, de espaldas al país y lesivo” , señalando que este tipo de concesiones vulnera la soberanía sobre los recursos del subsuelo y responde a intereses políticos electorales de la administración estadounidense.

Desde parte de la dirigencia política de oposición, las críticas apuntaron a la legitimidad del proceso y al cumplimiento de los preceptos constitucionales. El partido Unión y Cambio , liderado por Henrique Capriles y Tomás Guanipa, reafirmó la importancia de atraer inversiones privadas para la industria, pero subrayó que el bienestar del pueblo venezolano y el régimen de propiedad del petróleo deben respetarse.