ONU en alerta por normativa que facilita la represión en Colombia

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó este jueves una advertencia contundente frente a la nueva regulación de la protesta social en la nación suramericana, según recoge el medio Alma Plus.

El organismo multilateral señaló que el decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella altera los protocolos de seguridad e intensifica el riesgo de abusos policiales al facultar la intervención directa de los uniformados contra manifestantes, interrumpiendo de forma prematura las instancias de mediación.

El análisis de la ONU cuestiona la fijación de causales ambiguas para suspender el diálogo entre los agentes estatales y la ciudadanía.

Según el informe del ente internacional, varios de estos apartados permiten una interpretación discrecional que abre la puerta al uso de la fuerza desmedida bajo el pretexto de controlar actos de violencia, afectando incluso a quienes se movilizan de manera pacífica.

Discrecionalidad y sesgo en la definición de violencia El organismo multilateral criticó la amplitud con la que el documento gubernamental define los hechos violentos, sobrepasando los estándares fijados por la jurisprudencia internacional.

La normativa equipara simples advertencias o comportamientos menores con agresiones graves, vulnerando así los principios rectores sobre el control de las manifestaciones públicas.

Ante este panorama, las Naciones Unidas exigieron a las autoridades colombianas establecer una distinción precisa entre la tenencia, la intimidación y el uso real de objetos contundentes.

La entidad recordó que el porte de un elemento considerado peligroso no transforma por sí solo a un ciudadano en un actor agresivo ni altera la naturaleza pacífica de una concentración.

En relación con los bloqueos de vías, la delegación internacional precisó que la interrupción del tránsito no otorga un carácter hostil a las marchas.

Por ello, solicitó reconsiderar la figura de «perturbación grave e inminente», advirtiendo que su formulación actual sirve de pretexto para dispersar protestas legítimas y vulnerar el derecho a la reunión.

El informe rechazó que la pérdida de ganancias de sectores privados o los daños a actividades productivas sirvan de argumento para ordenar el despliegue coercitivo de los escuadrones de seguridad.

La ONU instó al Gobierno colombiano a mantener el resguardo de la protesta social como el eje garantista de cualquier modificación legal en el país.

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