Tribunal Civil Superior de Apure restituyó fundo a productor desalojado por jueza Bagnura González

El Tribunal Superior Civil de Apure restituyó al productor agropecuario Franklin del Carmen Pulido Castillo la posesión legítima y control exclusivo del fundo Mi Don, ubicado en el sector El Cántaro, asentamiento campesino Candelaria, parroquia Cunaviche del municipio Pedro Camejo (Apure).

Pulido Castillo había sido desalojado de ese predio rural el pasado 28 de julio por órdenes de la abogada Bagnura Lorena González D’ Elía, jueza rectora de la Circunscripción Civil de Apure.

Y al verse en calle, Pulido Castillo interpuso una acción de amparo ante el Juzgado Civil Superior de Apure donde abrieron un expediente con el número Nº 5068-26.

En el documento contentivo del recurso de amparo, Pulido Castillo explicó que tiene más de 16 años en posesión del aludido fundo, realizando diversas actividades que redundan en pro de la soberanía agroalimentaria de Venezuela.

Dicha actividad se vio interrumpida por la decisión del Juzgado Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a cargo de Bagnura Lorena González D’ Elía, quien redactó una sentencia que abrió las puertas para el desalojo de Pulido Castillo, su esposa y dos hijos.

Esa orden de la jueza González D’ Elía fue materializada el pasado 28 de julio por el juez Daniel Alejandro Rosales, quien estaba a cargo de manera transitoria del Tribunal 2 de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro Camejo, Apure.

Esa acción fue catalogada por Pulido Castillo en el recurso de amparo como un acto arbitrario violatorio de ‘’normas de orden público’’ debido a que la jueza González D’ Elía desarrolló actuaciones judiciales ‘’fuera de su competencia; en razón a la materia (agraria) y con ello vulnerando el derecho a la defensa, al debido proceso, tutela judicial efectiva, el derecho a la vivienda’’.

Para responder a tales denuncias, el Juzgado Civil Superior de Apure, a cargo de Milvida Carbellis Utrera Rojas, publicó una sentencia el pasado 10 de agosto.

Dicha sentencia refleja el análisis que realizó la jueza Utrera Rojas mediante el cual detectó que la medida que abrió las puertas al desalojo de Pulido Castillo, data del 9 de agosto de 2023.