La industria del petróleo y gas de Venezuela: el desafío de una recuperación sostenible

Foto: Referencia Venezuela entra en la segunda mitad de 2026 con un potencial excepcional de hidrocarburos, una base de producción en recuperación pero aún frágil, y un entorno de mercado en el que los suministros seguros de crudo pesado y gas natural conservan un valor estratégico.

La cuestión central ya no es si Venezuela cuenta con recursos suficientes, sino si puede reconstruir las condiciones técnicas, institucionales y de infraestructura necesarias para convertirlos en una producción sostenida.

Por oxfordenergy | Traducción libre al castellano por lapatilla.com La primera condición para una recuperación sostenible es la credibilidad jurídica.

Las provisiones de reversión sin compensación contempladas en los artículos 35(4) y 43 de la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 recrean el dilema del horizonte temporal asociado a la Ley de Reversión de 1971, con el riesgo de desincentivar precisamente las inversiones a largo plazo necesarias para la recuperación térmica, la generación eléctrica y la infraestructura asociada.

Por lo tanto, su eliminación o una compensación sustancial debería ser una prioridad en cualquier reforma legal posterior.

La segunda condición es la secuenciación.

Venezuela debería utilizar los recursos de menor viscosidad del Orinoco, las oportunidades en campos maduros (brownfields) y la rehabilitación de campos convencionales para generar producción temprana y flujo de caja antes de expandirse hacia la recuperación térmica, la cual requiere un mayor consumo de capital y energía.

Esta estrategia exigirá el desarrollo paralelo de servicios e infraestructura de soporte a la par de las inversiones aguas arriba (upstream).

Una recuperación sostenida hacia aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios en un horizonte de 10 a 12 años sigue siendo técnicamente viable, pero debe entenderse como un potencial de producción a largo plazo y no como una proyección definitiva.

Su concreción requeriría una transición política sostenida, términos fiscales predecibles, capital y tecnología privados, infraestructura restaurada, suministros confiables de electricidad y diluyentes, y un marco institucional fortalecido.

El rediseño institucional de PDVSA es un elemento central de este marco.

Una empresa más eficiente y orientada a la gestión estratégica de activos, la supervisión de contratos, la evaluación geológica, la fiscalización ambiental y la coordinación de infraestructura estaría mejor adaptada para respaldar a los operadores privados, en comparación con una firma financieramente sobreextendida que intente actuar simultáneamente como ente regulador, operador, inversionista y agencia de desarrollo social.

El precedente histórico de cooperación pragmática entre Estados Unidos y Venezuela también resulta relevante.