Emanuel Figueroa: De la oscuridad a una Venezuela luminosa

Mientras se desarrolla el proceso de negociación entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el régimen chavista, millones de venezolanos siguen enfrentando una realidad que no puede esperar: fallas eléctricas que en algunas zonas se prolongan durante horas, una economía que continúa golpeando el bolsillo de las familias y salarios que, en muchos casos, resultan insuficientes incluso para cubrir las necesidades más básicas.

Es imperativo que los problemas de la gente estén también en el centro de cualquier negociación.

La transición política es fundamental, pero pareciera que mientras la clase política discute el futuro del poder, buena parte de los venezolanos está preocupada por algo mucho más inmediato: cómo sobrevivir a otro apagón, cómo conservar los alimentos, cómo trabajar sin electricidad o cómo mantener funcionando un pequeño negocio.

Esto no significa que la transición política deje de ser una prioridad.

Todo lo contrario.

Es indispensable porque las condiciones económicas, sociales e institucionales que hoy padece Venezuela son consecuencia de décadas de destrucción institucional, estatismo, corrupción y políticas económicas que terminaron asfixiando la producción y la inversión.

Pero hay problemas que no pueden esperar, y la crisis eléctrica es uno de ellos, tomando en cuenta la emergencia que vendrá en 2027 si no se toman los correctivos.

El desastre eléctrico venezolano no nació con el chavismo.

Es un problema que arrastra décadas y que fue agravándose por la falta de mantenimiento, la insuficiente inversión, la mala planificación y decisiones políticas equivocadas.

Sin embargo, el llamado socialismo del siglo XXI profundizó una de las viejas enfermedades de Venezuela: el estatismo.

En 2007, Hugo Chávez inició el proceso de nacionalización y centralización del sector eléctrico.

Ese año, el Estado adquirió el control de empresas como Electricidad de Caracas y posteriormente creó CORPOELEC para concentrar buena parte de las empresas eléctricas del país bajo una estructura estatal.

Prometió una mejor calidad en el servicio y todo terminó peor, ahora con un monopolio estatal que resulta siempre en un peligro y en perjuicios para la sociedad.

Sin competencia, el Estado terminó siendo el empresario, regulador y operador de un sector estratégico, sin ningún tipo de control, transparencia ni instituciones que exigieran resultados.