Indígenas de Ecuador pelearán en instancias internacionales libertad de su líder

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar la orden de prisión preventiva dictada contra su presidente, Guido Perugachi.

El dirigente social enfrenta un proceso penal por una supuesta paralización de servicios públicos, derivado de su participación activa en las protestas sociales registradas durante 2025.

A través de un comunicado oficial, la organización rechazó de manera categórica la medida coercitiva que mantiene una orden de localización y captura sobre el líder comunitario desde el pasado viernes.

La Fenocin confirmó que elevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para exigir la protección urgente de los derechos fundamentales del dirigente frente al hostigamiento estatal.

Violación de protocolos interculturales y rechazo de la Conaie La estructura campesina e indígena denunció que este proceso judicial constituye una persecución política directa por las movilizaciones impulsadas en septiembre y octubre de 2025 contra las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Asimismo, cuestionaron la actuación de la jueza Mery Raquel Maza Puma, de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, por omitir el protocolo de diálogo intercultural obligatorio en causas que involucran a miembros de pueblos originarios.

Por su parte, el abogado defensor Luis Ávila desmintió la existencia de elementos probatorios que justifiquen la privación de libertad e informó sobre la interposición formal de un recurso de apelación.

Perugachi pertenece a la comunidad Perafán, en el municipio de Cotacachi, y forma parte de la nacionalidad kichwa, condición por la cual la magistrada dispuso su reclusión en un centro carcelario de la zona.

Asambleas permanentes y movilización social en respuesta al fallo Frente a la arremetida judicial, la Fenocin se declaró en estado de asambleas permanentes en todas sus regionales y provincias para evaluar nuevas acciones de protesta.

El rechazo a la medida punitiva también sumó el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la plataforma social más grande del país, que condenó la criminalización sistemática de la dirigencia popular.

Las investigaciones contra el líder de la Fenocin se centran en las movilizaciones desatadas tras la eliminación del subsidio al diésel, un paquete de medidas económicas implementado por el Ejecutivo que tuvo su epicentro de resistencia en la provincia andina de Imbabura.

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