César Pérez Vivas: La reinstitucionalización y su narrativa

En los últimos días, un coro de voceros políticos, analistas y comunicadores ha intentado venderles a los venezolanos una vieja narrativa: que la salvación institucional del país pasa por negociar espacios secundarios con el régimen totalitario de Daisy Rodríguez.

Asistimos, una vez más, a una película repetida.

La única variable nueva es el rol de Estados Unidos detrás del telón.

Sin embargo, quienes conocemos el historial del oficialismo sabemos que el objetivo real de sus 16 procesos de negociación anteriores jamás ha sido democratizar el país, sino un fin mucho más pragmático: ganar tiempo.

El empeño de la cúpula usurpadora por desconocer los mandatos de los artículos 5, 233 y 234 de la Constitución responde a una lógica de supervivencia.

En Venezuela, el diseño histórico y constitucional concentra un poder inmenso en la presidencia de la República, al unificar la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno.

En manos de un proyecto estructuralmente autoritario, este diseño se convierte en un arma letal.

Así fue como Hugo Chávez y Nicolás Maduro consolidaron una dictadura criminal que destruyó la República.

Por ello, resulta alarmante que sectores de la oposición caigan de nuevo en la táctica oficialista de dilatar los plazos, que apuesta a la desaparición o reducción de la presión geopolítica internacional y a las dinámicas político internas de los Estados Unidos.

Recientemente se ha pretendido “alejar el mingo” de la verdadera solución con propuestas distractoras.

Nos anuncian, por ejemplo, un proceso de reinstitucionalización centrado en la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para quienes creemos en el Estado de derecho y la separación de poderes, un sistema judicial independiente es la columna vertebral de la democracia.

Pero en un régimen autocrático que retiene el monopolio de las armas y las finanzas públicas, un TSJ excelso o negociado bajo un reparto de cuotas políticas no es una garantía de cambio.

Al contrario: en el momento en que la presión internacional ceda, el Ejecutivo usará la fuerza para desconocerlo.