Rafael Veloz García: Un inventario antes de entregar las llaves

La Mesa de Diálogo acordó renovar a los treinta y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Es un avance determinante y hay que decirlo sin regateos: por primera vez en un cuarto de siglo se acepta que el problema no era un magistrado ni una Sala, sino el órgano completo y el procedimiento que lo produce.

Pero un tribunal nuevo hereda algo más que un edificio en Caracas.

Hereda expedientes.

Y ahí hay una pregunta que todavía nadie ha hecho en voz alta: ¿qué va a pasar con las injusticias que el sistema anterior produjo y que el nuevo va a recibir tal como están? El día después de la libertad Empecemos por lo más visible.

Cada excarcelación de un preso político es una noticia que debe celebrarse: una persona vuelve a su casa, a su familia, a su vida.

Pero salir de una prisión no devuelve automáticamente los meses o los años perdidos.

No devuelve el empleo, la empresa, la carrera profesional o los estudios interrumpidos.

No borra las secuelas físicas y psicológicas del encierro ni de los malos tratos.

No le devuelve a una familia el tiempo que estuvo separada.

Y en muchos casos ni siquiera devuelve la libertad completa: buena parte de quienes han salido permanece sometida al mismo expediente arbitrario y a un régimen de presentación periódica.

Por eso Venezuela debería empezar a discutir desde ahora —no cuando el proceso político concluya— un sistema nacional de reconocimiento y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

No es una idea excepcional ni inventada para nosotros.

Alemania desarrolló durante décadas los mecanismos de Wiedergutmachung para las víctimas de la persecución nazi.