Yaracuy | Productores exigen a la Asamblea Nacional de 2015 negociar garantías para la propiedad privada

Productores piden que se incluya en la agenda de diálogo instrumentos que garanticen el respeto a la propiedad privada y que las unidades productivas invadidas sean devueltas a sus dueños.

Por Andrea Barrios San Felipe.- Nueve organizaciones de la sociedad civil y propietarios de nueve fundos invadidos del estado Yaracuy exigen a la Asamblea Nacional de 2015 , instancia que lidera las negociaciones con el oficialismo, que se incluya en la agenda de diálogo instrumentos que garanticen el respeto a la propiedad privada y que las unidades productivas invadidas sean devueltas a sus dueños.

“Desde hace más de diez (10) años se han reproducido innumerables organizaciones mal llamadas campesinas bajo esquemas políticos, que han utilizado el dinero del Estado para otros fines, con el agravante de intervenciones de unidades de producción en las zonas productoras más importantes del país”, reza un comunicado compartido con El Pitazo este 22 de agosto por Eduardo Linarez, quien lidera el Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales del estado Yaracuy.

En el texto se destaca que las acciones ejecutadas por el Estado venezolano a través de estas agrupaciones han afectado no solo el patrimonio histórico de las familias , sino también la seguridad agroalimentaria de la nación debido al uso y abuso de medidas administrativas y judiciales violatorias de la norma constitucional y de los derechos humanos , bajo la tutela de órdenes políticas de quienes detentan el poder a nivel regional y nacional.

Este pronunciamiento surge luego de que el Comité de Víctimas protestara el pasado 17 de agosto frente a la sede del Ministerio Público en Yaracuy para denunciar la negativa de la Fiscalía Superior a recibir una denuncia por un presunto secuestro ocurrido el 1 de julio en la finca “Entre Palmeras”.

En dicha oportunidad, Eduardo Linarez y otros integrantes del comité fueron emboscados por un grupo violento de 30 personas, señalados de ser integrantes de colectivo campesino Conuqueros de Yumarito , el cual mantiene ocupaciones ilegales en el fundo Zuliant y otros dos fundos en el municipio Manuel Monge, todos firmantes del documento.

Ante la negativa institucional, el escrito señala que “En Venezuela se han construido redes de complicidad que configuran el DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN, debido a que las instituciones responden a DIRECTRICES POLÍTICAS cuyo efecto es el abandono y el comercio ilegal de tierras que han conformado los nuevos propietarios, lo cual debe ser revisado e investigado porque se trata de políticos y militares de alto rango, bajo la sospecha de recursos de la corrupción o lavado de dinero”.