Laura Louza advierte: Selección de magistrados del TSJ debe excluir a altos funcionarios

En cualquier proceso de transición política, la designación del árbitro judicial define la viabilidad de la reconstrucción democrática.

Un sistema judicial sometido y desprovisto de independencia no solo es incapaz de tutelar los derechos ciudadanos, sino que se convierte en la herramienta predilecta del autoritarismo para sabotear, bajo un ropaje pseudo-legal, cualquier posibilidad de cambio.

En el contexto venezolano, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha operado bajo un esquema de absoluta opacidad y sometimiento al poder central, la posibilidad de renovar la cúpula judicial plantea una disyuntiva histórica.

La reforma legislativa reciente, surgida al calor de las negociaciones en la llamada mesa de diálogo que encabezan Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, pretende atenuar el control hegemónico que han ejercido los actores político partidistas sobre el proceso de selección de magistrados del TSJ, al otorgar una mayoría de un miembro a la sociedad civil frente a los diputados dentro del Comité de Postulaciones Judiciales.

De esta forma, surge una correlación de 12 representantes ciudadanos frente a 11 parlamentarios.

Sin embargo, la realidad práctica y las dinámicas informales del poder amenazan con desvirtuar esta tímida ganancia institucional.

Laura Louza, directora y fundadora de la organización Acceso a la Justicia, advierte que la sociedad civil y la academia independiente se enfrentan hoy a un verdadero “salto de fe”.

Se les convoca a participar y postular sus nombres en un entorno hostil, marcado por leyes de criminalización vigentes y un aparato represivo intacto, bajo la promesa —no escrita y carente de salvaguardas legales— de que esta vez el proceso de preselección será respetado.

Una falla de origen persistente -¿Basta con que los representantes de la sociedad civil tengan un miembro más que los diputados en este comité, tal como se resolvió en la reforma de la ley? -El problema es que el proceso fue capturado desde el principio por la Asamblea Nacional.

Se suponía que el Tribunal Supremo era quien iba a convocar a la sociedad civil para que participara, para que personas del ámbito jurídico reconocidas hicieran la preselección de elegibles de manera independiente; incluso independiente del propio Tribunal Supremo.

Pero hoy en día tenemos un Tribunal Supremo en el cual no confiamos, pues está absolutamente sometido al Poder Ejecutivo y, además, no es transparente en su gestión.

Hay un proceso de captura política desde el principio.

Habitualmente, el Comité de Postulaciones Judiciales quedaba integrado por personas allegadas al poder y, en realidad, eran como títeres, porque podía ser la secretaria de un diputado o un funcionario público.