La prueba del ácido, por Gonzalo González

Sin restarle importancia a lo avanzado en relación a la reinstitucionalización del Poder Judicial, la tercera ronda de negociación a escenificarse, a partir del miércoles 14 del mes en curso, tiene que ver con temas claves para aclarar el panorama concerniente a si estamos en presencia de un proceso real de cambios que pavimenten el camino a una transición real a la democracia y a la observancia efectiva de lo previsto por la Constitución Nacional.

Son los temas de los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía; la reposición de la personalidad jurídica de los partidos políticos intervenidos y el levantamiento de las inhabilitaciones ilegales a diversos dirigentes políticos que en el esquema del dialogo llaman garantías civiles y políticas, usando un innecesario subterfugio al llamarlo garantías cuando se trata de los derechos fundamentales que de alguna manera certifican si una sociedad dada es civilizada o no y en esto no se admiten déficits que hagan nugatorios esos derechos; y que en nuestro caso deberían reponerse y observarse efectivamente por parte del Estado y quienes gobiernan.

Cómo es bien sabido, el chavismo consecuente con su vocación autoritaria, inició desde el inicio de su ejercicio del poder un proceso de desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho cuestionando sus valores, principios y fundamentos y prosiguió con la cooptación y perversión de sus instituciones.

Erosión progresiva que lo llevó desde los creciente déficits democráticos hasta la implantación de una dictadura pura y dura en la que apeló en su última etapa – fraude del 28 de julio de 2024 – al terrorismo de Estado y la violación flagrante de los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en la Constitución Nacional.

Anulación que ha disminuido un tanto luego del 3 de enero, pero que continúa vigente porque es aplicada a discreción durante el interinato, verbigracia lo ocurrido con la amnistía chucuta acordada por la an (minúsculas exprofeso) y por la existencia de un entramado legal – viciado de nulidad –, y de un inmenso aparato de represión que lo sustenta.