Cobros irregulares y trato desigual en la alimentación de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro

Fachada del Fuerte Guaicaipuro en Charallave, estado Miranda.

Crédito: CLIPPVE.

Familiares de presos políticos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, denuncian que el director de penitenciaría del Cuartel, Franklin Rozo, estaría lucrándose de la situación de las víctimas.

Según los testimonios, haría “negocios” con algunos familiares para que la comida llegue primero a ciertos detenidos y no a otros.

Los denunciantes relataron que, en algunas ocasiones, el almuerzo es entregado a unos presos después de las 3:00 de la tarde, mientras que a otros se les sirve a las 12:00.

Afirman además que el funcionario habría aprovechado reuniones previas a las visitas para intentar captar a familiares dispuestos a pagar a cambio de mejores beneficios y mejor trato para sus allegados dentro del centro de reclusión.

Los familiares son quienes proporcionan las proteínas en este recinto.

Con la práctica denunciada se alargan las horas de hambre de algunos detenidos y se generan conflictos entre ellos, porque unos comen a tiempo y otros no.

Incumplimiento de la legislación venezolana Los hechos denunciados incumplen la legislación venezolana, en particular el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza a toda persona privada de libertad el respeto a su dignidad humana y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 272, que establece que el sistema penitenciario debe asegurar la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.

Condicionar o retrasar la alimentación según acuerdos económicos es incompatible con ambos mandatos.

Asimismo, de comprobarse, estas prácticas podrían configurar delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal, como concusión, cohecho o abuso de funciones.

Los presos políticos militares recluidos en el Fuerte Guaicaipuro son quienes sufren de manera directa las consecuencias de estas prácticas.

Retrasar el almuerzo hasta tres horas o más prolonga innecesariamente el hambre y afecta su integridad física y su salud.

Además, el acceso a la comida y a mejores condiciones queda sujeto a acuerdos económicos o al favor del director, lo que establece un trato discriminatorio entre personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.