El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia la muerte de 10 privados de libertad durante agosto por desatención médica

Un total de 10 personas privadas de libertad fallecieron durante el mes de agosto de 2026 en diversos recintos penitenciarios de Venezuela, según denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) .

La organización alertó que la gran mayoría de estos decesos obedece a la ausencia de asistencia sanitaria oportuna y a las deficientes condiciones de salubridad en los centros de reclusión.

Entre las víctimas documentadas durante el período destaca el caso de Ramón Alberto Salas, quien falleció a finales de agosto en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA) tras sufrir un cuadro de falla multiorgánica.

"Ramón Alberto Salas murió en el Centro Penitenciario de la Región Andina debido a una falla multiorgánica generada por la falta de atención médica dentro de las cárceles del país. Solo en el mes de agosto se registraron 10 fallecidos en centros penitenciarios, la mayoría por la desatención en materia de salud que hemos denunciado con preocupación", precisó el OVP a través de sus canales oficiales.

La ONG detalló que el caso de Salas representa el segundo fallecimiento registrado en el CPRA en lo que va de 2026, sumándose al deceso de José Gregorio Mendoza Guzmán el pasado 23 de junio, quien murió a causa de una hipoxia severa derivada también de la falta de cuidados médicos dentro del penal.

Frente a este escenario, el organismo defensor de derechos humanos reiteró que el Estado venezolano y el Ministerio para el Servicio Penitenciario incurren en una falta grave al no garantizar la integridad de las personas bajo custodia pública.

"El Estado venezolano y el Ministerio para el Servicio Penitenciario son responsables de la vida y de la integridad física de cada persona bajo su custodia. La negación de atención médica en las cárceles constituye una violación flagrante de los derechos humanos", sostuvo la representación de la organización.

La denuncia del OVP reabre el debate institucional sobre la crisis asistencial que afecta al sistema carcelario venezolano, exigiendo a las autoridades penitenciarias la implementación inmediata de protocolos de atención médica permanente para evitar nuevos decesos en la población reclusa.