La CPI advierte que sanciones de EE UU a sus funcionarios amenazan el orden jurídico internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes que las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, el senegalés Abdoulaye Seye, “socavan el Estado de derecho” y ponen en un riesgo directo la estabilidad del orden jurídico internacional.

La estrategia de presión de Washington responde a las investigaciones que lleva a cabo la CPI sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las últimas dos décadas, así como a las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ofensiva en la Franja de Gaza.

“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional. Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho”, enfatizó la institución judicial en una declaración remitida a la prensa internacional desde su sede en los Países Bajos.

Esta serie de restricciones financieras y de visado se amparan en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero del año pasado, mediante la cual el Ejecutivo de EE UU autorizó la aplicación de medidas punitivas contra individuos vinculados a determinados expedientes de la CPI .

Tanto Estados Unidos como Israel se mantienen al margen del Estatuto de Roma -el tratado fundacional del tribunal aprobado en 1998- y rechazan que la corte posea jurisdicción sobre sus ciudadanos; sin embargo, el organismo sostiene de forma reiterada que su competencia legal se extiende plenamente a aquellos crímenes perpetrados en el territorio de un Estado parte o en jurisdicciones reconocidas, como es el caso de Palestina .

Frente al incremento de la presión externa, el tribunal fundado en 2002 descartó cualquier alteración en su agenda de trabajo, reafirmando que continuará ejerciendo sus labores con total neutralidad e imparcialidad en la investigación de delitos de genocidio , agresión y crímenes de guerra en los casos donde los tribunales nacionales no puedan o no deseen actuar.

“La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, concluyó el órgano judicial, reiterando la postura asumida en ocasiones anteriores ante acciones similares dictadas contra otros de sus jueces y fiscales.