Juez del caso contra Maduro ordena proteger las pruebas que recibirá la defensa

El juez estadounidense que lleva el proceso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este martes una orden de protección para regular el manejo de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.

El magistrado Alvin K.

Hellerstein ordenó a la Fiscalía entregar a los abogados de Maduro los documentos, objetos e información relacionados con el caso, pero estableció distintas categorías de riesgo y restricciones sobre su utilización y divulgación.

La orden contempla la entrega de material exculpatorio y de impugnación, aunque el juez advirtió que parte de esa información podría afectar la privacidad de personas, perjudicar investigaciones sobre individuos que todavía no han sido acusados o generar publicidad que interfiera con el proceso.

Por ello, las pruebas entregadas a la defensa no podrán ser divulgadas públicamente por los acusados o sus abogados, incluida su publicación en internet o su filtración a medios de comunicación.

La Fiscalía informó además al tribunal de que parte de la evidencia está almacenada electrónicamente y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación.

El material procede de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos.

Con el consentimiento de las partes, el juez autorizó que los abogados defensores reciban la totalidad de ese material electrónico bajo la clasificación «APO» (Solo para Posesión de los Abogados).

Esta categoría establece que los archivos únicamente pueden permanecer en poder de los abogados defensores y de su personal.

Maduro y los demás acusados no podrán conservar físicamente el material, salvo cuando lo estén revisando en presencia de sus abogados.

Las restricciones continuarán vigentes incluso después de que concluya el proceso penal.

El tribunal conservará jurisdicción para hacer cumplir la orden de protección.

Maduro y Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo y han solicitado la desestimación del caso alegando inmunidad soberana.