Venezuela: cuando una quita puede salir demasiado cara, por Rosana Sosa García

En una futura reestructuración de la deuda venezolana habrá una cifra que seguramente concentrará buena parte de la atención: el porcentaje de quita obtenido frente a los acreedores.

Cuanto mayor sea la reducción, más fácil será presentarla como un éxito.

Pero esa puede ser una forma equivocada de medir el resultado.

Venezuela podría conseguir una reducción importante de sus obligaciones y, al mismo tiempo, comprometer una parte sustancial de los ingresos, derechos y activos que necesitará para reconstruir su economía.

Podemos reducir deuda y terminar siendo más pobres.

Ese riesgo merece especial atención porque alrededor del proceso están coincidiendo varios problemas: las condiciones bajo las cuales se están comprometiendo derechos sobre la riqueza petrolera futura, la identidad y trazabilidad de quienes reciben esos derechos y una cuestión de la que se habla mucho menos: si esas empresas tienen realmente capacidad financiera para realizar las inversiones que necesita el país.

Al final, todo conduce a la misma pregunta: ¿cuánto patrimonio y cuánto margen fiscal conservará Venezuela después de reestructurar su deuda? Una gran quita no necesariamente es un buen negocio Una reestructuración soberana no puede evaluarse solamente por cuánto consigue dejar de pagar un país.

Hay que mirar también qué entrega a cambio.

Si una reducción considerable de deuda termina comprometiendo durante décadas ingresos petroleros, derechos económicos o capacidad fiscal futura, el descuento nominal puede esconder un costo patrimonial mucho mayor.

En el caso venezolano hay una dificultad adicional.

Buena parte de nuestra capacidad de recuperación dependerá de reconstruir una industria petrolera que necesita inversiones extraordinarias.

Rystad Energy ha estimado en unos 183.000 millones de dólares la inversión necesaria para llevar la producción venezolana hacia los 3 millones de barriles diarios en 2040.

Aproximadamente 102.000 millones corresponderían a exploración y producción y otros 81.000 millones a oleoductos, mejoradores y demás infraestructura.

Incluso mantener aproximadamente los actuales niveles de producción requeriría unos 53.000 millones de dólares durante ese período.