Primer semestre de la AN: Entre la urgencia económica, la coyuntura y los grandes pendientes

Caracas. Durante los primeros siete meses del año legislativo, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, concentró su labor en la reconfiguración económica y la distensión política, en un contexto marcado por los sucesos posteriores al 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro.

Con un total de 11 leyes sancionadas (1 durante el receso parlamentario) que apuntan a la reactivación productiva, un cumplimiento aproximado de 37 % de su meta anual de 29 proyectos y ocho códigos, el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez ha priorizado la flexibilización comercial y la atracción de capitales extranjeros, antes rechazados. Por lo que un grueso de promesas de campaña están en condición de pendiente.

A continuación, presentamos las claves del trabajo de la AN durante este primer semestre del año:

De las normativas aprobadas en este lapso, el bloque económico, comercial y productivo ocupó el espacio central de las discusiones. El objetivo fundamental ha sido reformar marcos legales con años de antigüedad para incentivar el intercambio comercial y propiciar el retorno de inversionistas extranjeros.

Destacan la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con 35 artículos orientados a adaptar y proponer nuevos esquemas de negocio que faciliten la atracción de inversiones internacionales en la exploración y explotación de crudo. A esta se sumó la Ley Orgánica de Minas, con la que se proponen dinamizar la actividad no aurífera bajo fiscalización estatal.

Además, el Parlamento sancionó normativas específicas para blindar la cadena de valor de rubros tradicionales de exportación y consumo interno con la Ley para el Fomento y la Promoción del Café y la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano.

Se sumó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos con la que el Gobierno encargado apunta a la desburocratización de procesos.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática , sancionada el pasado 19 de febrero, se erigió como uno de los instrumentos políticos más sensibles y debatidos del primer semestre legislativo.

Sin embargo, la norma también ha concentrado severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores. Ambos cuestionan la falta de transparencia en su aplicación, la exclusión de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos y el riesgo de consagrar la impunidad bajo un enfoque selectivo que, a su juicio, priorizó la conveniencia política sobre la justicia integral y la reparación a las víctimas.

La agenda del Legislativo también contempló instrumentos orientados a la reorganización institucional y la pacificación política del país. En ese marco, y con la presencia de autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se sancionó la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.