Doral bajo presión: la alcaldesa asegura que no recibe información sobre los arrestos de ICE

Cortesía La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que el gobierno municipal no entrega información de sus residentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que tampoco recibe datos sobre los operativos migratorios que la agencia federal realiza en la ciudad. lapatilla.com Durante una entrevista con la periodista Alejandra Oraa, Fraga sostuvo que la administración local se entera de la presencia de agentes de ICE de la misma manera que los habitantes de Doral.

“Nosotros nos enteramos cuando ellos están en la ciudad por la misma forma que se entera la comunidad, viéndolo por las redes, porque lo ha comunicado un residente”, afirmó.

La alcaldesa también dijo que la ciudad no dispone de una cifra oficial sobre los arrestos efectuados por ICE durante el último mes.

Según explicó, esos datos no son compartidos con el gobierno municipal.

Fraga señaló además que existen registros estatales sobre las detenciones y la participación de distintas jurisdicciones en acuerdos bajo el programa 287(g).

En ese punto, aseguró que Doral no tiene agentes municipales entrenados para ejercer funciones migratorias bajo ese mecanismo.

“Vas a ver que Doral dice cero, que no tenemos ninguna persona entrenada, que nunca hemos estado operacional con ellos, dice operational non active, y que nunca hemos tenido un arresto que ha involucrado a ICE”, afirmó.

Sin embargo, documentos y reportes públicos muestran que Doral sí aparece vinculada a un acuerdo 287(g) con ICE.

Un registro actualizado en septiembre señala un acuerdo firmado el 7 de enero de 2026 bajo el modelo Task Force.

La situación ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de la cooperación entre la policía municipal y las autoridades migratorias federales.

Fraga también descartó que Doral pueda declararse una ciudad santuario.

“El estado de la Florida no permite ciudades santuarias en el estado de la Florida”, afirmó.

La legislación estatal prohíbe que gobiernos locales adopten políticas que impidan o limiten la cooperación con autoridades federales de inmigración.

La alcaldesa insistió en que las autoridades municipales están obligadas a cumplir las leyes federales, estatales y locales.