Cárteles, buques y funcionarios corruptos: así se construyó el mayor fraude fiscal de combustibles en la historia de México

El huachicol fiscal acumula, desde 2019 hasta mediados de 2026, aproximadamente 935 millones de barriles de combustible introducidos de forma ilícita a México, con un daño al erario estimado en más de 730 mil millones de pesos.

El analista Francisco José Barnés de Castro documentó este fenómeno en un texto en entrevista con Aristegui Noticias , en el que trazó su evolución desde las primeras importaciones ilegales en la frontera norte hasta los grandes esquemas marítimos y ferroviarios del presente.

El mecanismo central es siempre el mismo: las organizaciones criminales importan gasolina o diésel, pero los declaran ante las aduanas como aceites, lubricantes u otros derivados con una carga tributaria menor o nula, con lo que evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La detonación del fenómeno a gran escala ocurrió en 2019, cuando el gobierno federal cerró los ductos de Pemex y los cárteles trasladaron su modelo de negocio del robo de infraestructura al contrabando masivo por puertos y fronteras.

Los antecedentes: del contrabando hormiga al negocio de los cárteles Las primeras noticias sobre el contrabando de combustibles en México datan de las décadas de los 70 y 80.

El fenómeno comenzó como una importación hormiga de gasolina y diésel por las aduanas de la frontera norte, impulsada por las diferencias de precio entre Estados Unidos y México.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) , los diarios nacionales empezaron a registrar la llegada de “gasolina pirata” con facturas falsas y triangulaciones en aduanas.

Las bandas criminales y los empresarios aduanales corrompidos inscribían los camiones cisterna bajo la identidad de otros productos químicos de menor carga impositiva.

En 2001, el periódico La Opinión publicó uno de los primeros reportajes de investigación formales sobre el tema, titulado “Los chupaductos”.

El texto expuso la existencia de bandas organizadas dedicadas al robo y la comercialización ilegal de gasolina en el norte del país.

La periodista Ana Lilia Pérez fue una de las primeras voces en documentar que el problema no era exclusivamente fronterizo.

Sus reportajes revelaron que las redes de complicidad se extendían al interior de Pemex y del propio Gobierno Federal.

El punto de quiebre: 2019 y el cambio de modelo criminal Entre 2011 y 2018, el crimen organizado concentró sus ganancias en la perforación de ductos de Pemex en el centro del país.

Esa actividad financió las operaciones a gran escala que los cárteles desarrollarían después.