El manual para manejo de crisis de la Presidencia

La manera en que la Presidencia de la República enfrenta sus momentos críticos parece obedecer al más elemental manual sobre manejo de crisis.

La cuestión es que, en la medida en que el guion se repite, pierde eficacia.

Hasta aquí todo podría quedar en un juego de retóricas, el problema es cuando para salvar la coyuntura se toman decisiones que afectan estructuralmente al país.

Cuando un gobierno ve cuestionada su gobernabilidad y liderazgo, al acumularse evidencias de ineficiencia o el contraste entre lo prometido y lo entregado, caben al menos dos caminos: salir a reconocer los errores y corregir el rumbo o contraatacar.

Contraatacar en este caso significa dar a ciertos hechos mayor relevancia de la que realmente tienen o bien hacer de algunos personajes la némesis, el acérrimo enemigo sobre el que recae toda la culpa de lo que sucede.

En uno u otro caso se trata de desviar la tensión hacia otro lado.

Todo indica que la Presidencia ha optado por la segunda ruta frente a la constante evidencia de corrupción, de sociedad con el crimen organizado y de flujo de recursos ilegales —públicos o de origen ilícito— para financiar campañas y sostener a la autodenominada 4T.

El capítulo más reciente de esta historia tiene que ver con la solicitud del gobierno estadounidense para que México ponga a su disposición a diez funcionarios del gobierno de Sinaloa.

Cuestión nada menor cuando la lista inicia con el mismo gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y sigue con quien se había anotado como su sucesor, el senador Enrique Inzunza Cázarez; para continuar con el responsable de la seguridad estatal —quien cruzó voluntariamente la frontera y se entregó— y remató con quien llevaba las finanzas del estado y quien, al ponerse en manos de las agencias de investigación norteamericanas, sin duda les compartió valiosa información.

Ese episodio puso a la luz operaciones políticas y financieras que van mucho más allá de las fronteras del estado del noroeste en las que podrían estar involucradas personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador, empezando por su hijo Andy y siguiendo con operadores políticos y financieros con los que tejió una red de lealtades que hoy podría estar desmoronándose si no encuentra la manera de conservar posiciones en las elecciones que están a casi nueve meses de tener efecto.

Frente a este cúmulo de hechos, en lugar de reconocer errores, separar funcionarios y sentar bases de credibilidad, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece decantarse por la otra opción del manual: construir cortinas de humo y némesis que oculten sus propios desaciertos.