De la traición no se vuelve

La traición consiste en que, cuando se pidió votar por primera vez por una mujer de acuerdo con los principios de la ‘4T’, nadie explicó que eso significaría que, llegado el momento de elegir entre la legalidad y la sospecha sobre acuerdos con el crimen, se elegirían los acuerdos y no la legalidad.

Es una alternativa que el pueblo no eligió ni merece.

Porque, visto lo protegido que parecía sentirse el gobernador de Sinaloa para recuperar el poder, daba la impresión de que la regulación, los compromisos internacionales y el imperio de la ley no valían nada frente a la preeminencia de unos acuerdos que, por la forma en que se presentan y defienden, suenan a confesión de ilegalidad y, lo que es peor, a una traición a la nación.

La rebelión en la granja morenista tiene ya muy difícil solución.

Frente a la defensa institucional del Estado parece imponerse la defensa histórica de los derechos adquiridos por el fundador del movimiento y de los acuerdos políticos construidos durante años.

El problema se agrava cuando esos acuerdos se cruzan, desde la sospecha pública y ahora también desde una acusación formal en Estados Unidos, con personajes y grupos vinculados al mundo del crimen.

Los más de 35 millones de votos que respaldaron a Claudia Sheinbaum están siendo traicionados.

También el país, el movimiento, la reforma y la ‘4T’, en su primero y segundo piso y, lo que es peor, en las entrañas de su subsuelo.

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación presentada por un gran jurado federal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

La acusación sostiene que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos , a cambio de apoyo político, protección e impunidad.

México recibió una solicitud estadounidense para detener provisionalmente a Rocha con fines de extradición.

La FGR consideró insuficientes los elementos presentados y pidió más información; una decisión que frenó la detención, pero que no despeja las acusaciones.

Son acusaciones, no sentencias, y los señalados conservan la presunción de inocencia.

Pero son suficientemente graves para exigir una respuesta del Estado mexicano.