Alistan reforma para eliminar inmunidad procesal penal de legisladores y gobernadores; Ramirez Cuellar urge a no usar cargos como escudo

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que próximamente presentarán una reforma constitucional para fortalecer el mandato popular, eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y titulares de los poderes ejecutivos locales, así como evitar el uso de los cargos legislativos como plataformas temporales para buscar otras posiciones políticas.

Urgió a que México avance hacia un régimen de responsabilidades públicas, en el que nadie se encuentre por encima de la ley y los cargos de elección popular no puedan utilizarse como escudos frente a la justicia.

Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta distingue claramente entre la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal penal, figuras que comúnmente son agrupadas bajo el concepto genérico de “fuero” , pero que tienen finalidades y alcances diferentes.

Lee también Congreso pide estrategia para atender el desempleo; señala que hay más de 15 millones de jóvenes sin trabajo “La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar”, dijo.

El diputado federal subrayó que la eliminación del fuero no implica desconocer el debido proceso , la presunción de inocencia ni el derecho de defensa.

Por el contrario, significa que la protección frente a acusaciones infundadas debe garantizarse mediante las reglas ordinarias del proceso penal y los mecanismos de control previstos en la Constitución, y no dependa de una decisión previa adoptada por mayorías políticas, como ocurre actualmente con la declaración de procedencia.

Advirtió que el costo político de seguir protegiendo a políticos y gobernantes es ya demasiado alto, pues estas prácticas han contribuido a construir extensos sistemas de impunidad.

El legislador llamó a revisar los alcances de las resoluciones jurisdiccionales que pueden impedir la aplicación efectiva de las sanciones derivadas de un juicio político.

En particular, se refirió a la tesis LI/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que distingue entre dos momentos del juicio político, por un lado la sustanciación del procedimiento y por otro, la ejecución de sus efectos y consecuencias.

De acuerdo con ese criterio, una suspensión concedida dentro de una controversia constitucional no puede detener la investigación, tramitación o resolución del juicio político, porque éste constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano.

Sin embargo, la misma tesis permite suspender sus efectos y consecuencias, de modo que una eventual destitución o inhabilitación no pueda ejecutarse hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia.