Procesan a funcionaria pública de Yautepec por ordenar un ataque armado que dejó tres fallecidos

Karla Herrera Castañeda, síndica municipal de Yautepec , Morelos, fue vinculada a proceso este lunes por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, al ser señalada como probable autora intelectual del ataque armado perpetrado el 30 de junio durante un Fanfest del partido México-Ecuador , en la colonia Rancho Nuevo.

El hecho dejó tres personas muertas y nueve heridas.

La resolución fue dictada en la Ciudad Judicial de Cuautla y la funcionaria permanecerá en prisión preventiva.

Ataque en pleno Fanfest del Mundial El 30 de junio, mientras decenas de vecinos de Yautepec se reunían en una cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo para ver el partido entre México y Ecuador, un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes.

Los agresores escaparon a bordo de motocicletas.

El saldo fue de tres personas sin vida y nueve más con heridas por impacto de bala.

Entre los muertos se encontraba Miguel Tijera, esposo de Sandy Hernández, entonces precandidata a la presidencia municipal de Yautepec.

Hernández también resultó herida durante la agresión.

La otra víctima mortal identificada fue Fernanda, una adolescente de 17 años que falleció mientras era trasladada a un hospital.

Las investigaciones de la Fiscalía de Morelos apuntan a que Herrera Castañeda habría ordenado la agresión.

La funcionaria era síndica del mismo municipio donde ocurrió el ataque.

La detención y la audiencia del 24 de agosto Herrera Castañeda fue detenida el 18 de agosto en Yautepec por agentes de investigación y puesta a disposición del órgano jurisdiccional que había girado la orden de aprehensión.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó este lunes a las 9:00 horas en la Ciudad Judicial de Cuautla , presidida por la jueza de control Alma Patricia Salas Ruiz.

Durante la diligencia, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio presentó los datos de prueba, entre ellos un peritaje en materia de informática y declaraciones de una de las víctimas, quien habría señalado que la síndica hablaba mal de ella y tenía aspiraciones políticas.