La asistente de Begoña Gómez pide su absolución y que se condene en costas a la acusación de HazteOir por actuar con "temeridad"

La defensa la desvincula de la contratación del dominio web del software y advierte de que la causa "está condenada" a que no sea juzgada por un jurado popular La Audiencia de Madrid avala a Peinado y ordena juzgar a Begoña Gómez ante un jurado La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa, ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones ante el juez Juan Carlos Peinado después de que en julio la Audiencia Provincial de Madrid acotara de nuevo la instrucción del magistrado.

El letrado de la asistente señala ahora que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”.

La Audiencia Provincial decidió en julio que la asistente de Begoña Gómez debía ser juzgada pero solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el supuesto desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada en ningún caso por tráfico de influencias.

Ahora, en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado José María de Pablo detalla que la asistente “no intervino personalmente en la contratación” del dominio de 'TransformaTSC' -donde se alojaba el software presuntamente desviado- ni en su posterior transferencia a la esposa de Pedro Sánchez.

Añade que tampoco intervino en el registro de la marca denominada Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org' que “fue solicitada y registrada directamente y a título personal por la propia Begoña Gómez”, y que tampoco intervino “en la constitución de la sociedad Transforma TSC SL”.

Por eso interesa la libre absolución de su defendida y propone imponer a la acusación popular liderada por la asociación HazteOir el pago de las costas procesales ocasionadas a la asistente dado que se ha acusado a su mandante “por unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito: No cabe mayor temeridad”.

“Es un disparate —solo explicable por la intencionalidad exclusivamente política y mediática que mueve a la acusación popular— acusar a mi mandante de cooperación necesaria en la contratación de un dominio mientras se reconoce que esa contratación la llevó a cabo en solitario y sin ayuda Blanca de Juan”, añade haciendo referencia a quien era coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de la UCM.