El régimen iraní impulsa una ley para castigar la colaboración con la prensa internacional

Han pasado seis meses desde que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel conta la República Islámica de Irán.

La contienda estalló poco después de que grandes manifestaciones pusieran contra las cuerdas al régimen iraní, que aplicó una represión extrema.

Tras esos meses de diciembre y enero de máxima tensión interna, hubo detenciones masivas, que según distintas ONG alcanzaron varios miles de personas.

Hubo un uso letal de la fuerza contra los manifestantes, con disparos a quemarropa, incendios de mercados y otras muchas barbaridades; y posteriormente, procesos judiciales y ejecuciones contra personas detenidas, acusadas de delitos conta la seguridad nacional o de colaborar con grupos opositores.Y lo que se ha mantenido hasta hoy: apagones y bloqueos de internet que han dejado en muchas ocasiones incomunicados a los millones de iraníes que viven dentro del país.Pero todo eso pasó a un segundo plano cuando Donald Trump prometió acabar «con toda la civilización» de Irán y atacó el corazón de Teherán: mató al líder supremo el ayatolá Alí Jameneí y a gran parte de la cúpula de poder y comenzó una guerra que llega hasta hoy.

Esperanzas perdidasPodía parecer que el barco iraní estaba tocado y casi hundido.

Los propios iraníes mantenían la esperanza de un cambio de gobierno. «Trump ha venido a salvarnos», decían algunos.

Quizás eran demasiado ilusos.

Metidos de lleno en la guerra dialéctica y de misiles, el régimen iraní está endureciendo sus castigos, su represión y el control de la población.

La última idea ha sido criminalizar todo contacto con medios de comunicación extranjeros.

A mediados de agosto, Teherán aprobó un proyecto de ley para combatir la supuesta «influencia extranjera».

Según los borradores conocidos y los informes de medios iraníes el proyecto criminaliza las entrevistas, colaboraciones o comunicaciones con medios considerados «hostiles», especialmente los estadounidenses, israelíes o financiados por esos países.

El castigo puede ser de entre seis meses y dos años de prisión para quienes concedan entrevistas o participen en programas de esos medios.Además, exige que los contactos con otros medios extranjeros sean notificados previamente al Ministerio de Inteligencia.

También puede penalizar el envío de fotografías, vídeos, grabaciones de audio o información a periodistas o medios radicados fuera de Irán.

Es decir, por ejemplo, las informaciones que ABC ha ido publicando a lo largo de estos meses con testimonios desde dentro de Irán sobre la situación del país, contada por sus propios ciudadanos, pueden ser motivo más que suficiente para que quienes hablaron sean acusados de atentar contra la seguridad de su país.