Pulso Andaluz | Capítulo XXVIII: El ritmo desacompasado entre la calle y las instituciones en Andalucía

La caída de Landaluce en Algeciras está prevista para el próximo 28 de octubre, fecha en la que tanto PP como Vox presentarán su moción de censura contra el regidor algecireño.

El PSOE lleva meses insistiéndole a Moreno Bonilla sobre esta fórmula para desalojar a un alcalde que acumula años de procesos de presuntas agresiones en su contra, algunas archivadas incluso por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, Moreno Bonilla y el PP finalmente han optado por su socio prioritario, Vox.

Ahora, en el Parlamento de Andalucía, las izquierdas le han reprochado al presidente de la Junta de Andalucía estos dos años de inacción, fecha desde la que aseguran estos tres partidos que conocen denuncias contra Landaluce.

El PP se escuda en que estas denuncias no eran de particulares, sino que provenían de partidos políticos, en este caso del PSOE de Algeciras, y que cuando han conocido los testimonios personales de las mujeres han reaccionado en un tiempo exprés.

De todas formas, la excusa de Moreno Bonilla para no desalojar a Landaluce es el control que este tiene sobre una de las ciudades más importantes de Andalucía y de la provincia de Cádiz, y que sobre todo hará mella en el PP, previsiblemente, en las próximas elecciones generales y también en las elecciones locales de mayo del próximo año.

En cualquier caso, el ritmo de la calle parece un poco desacompasado al ritmo del Parlamento Andaluz. ¿Y por qué? Ya son más de dos semanas las que llevan acampados en las principales provincias de Andalucía cientos de personas reclamando mejores derechos por la vivienda.

La huelga general por este asunto es el horizonte y el trasfondo son mayores derechos para los inquinilos y penalizar a la gente que especula con un bien como en este caso es el de la vivienda.

Pues bien, ahora la Junta de Andalucía paralelamente ha dicho que va a recurrir al Constitucional los dos decretos ley aprobados por el gobierno central.

La excusa, dicen, es que invade competencias autonómicas.

Estas declaraciones lo que hacen es, de manera implícita, reconocer por parte de la Junta de Andalucía y otras comunidades del PP que las competencias de vivienda son efectivamente autonómicas y que todo el tiempo que llevan echando la pata al gobierno es realmente política contra el gobierno central y para su desgaste.

Es decir, en estos momentos, mientras que el ritmo de la calle pide acción, el ritmo de la Junta de Andalucía, en consonancia con el resto de comunidades autónomas dirigidas por el PP, está en pausa.