La Asociación de Fiscales saca los colores a la izquierda judicial: apoyar a la juez Biedma «no supone anticipar» nada

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal han mostrado su «apoyo y solidaridad» con la magistrada Beatriz Biedma ante las presiones e intimidación que sufrió como instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y que se investigan en la causa de las cloacas de Ferraz.

Al termino del Consejo Fiscal de este jueves, en el turno de ruegos y preguntas, los vocales de la Asociación de Fiscales han leído un comunicado en el que recuerdan que «la defensa de la independencia judicial constituye un mandato constitucional que el artículo 124.1 de la Constitución encomienda expresamente al Ministerio Fiscal, al atribuirle la misión de velar por la independencia de los tribunales».

Según fuentes fiscales los vocales han ofrecido a sus compañeros la posibilidad de firmarlo conjuntamente pero solo lo ha hecho la representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). «La independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho y pertenece al conjunto de los ciudadanos, que tienen derecho a que los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales sean resueltos sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos a la ley», añaden en la línea de la declaración de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial.Por ello, prosiguen, «las informaciones relativas a posibles actuaciones de presión o intimidación sobre quienes ejercen la jurisdicción merecen una respuesta institucional presidida por la serenidad, la firmeza y el respeto a las garantías del Estado de Derecho.

La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente las condiciones en que debe administrarse justicia», apuntan, en alusión a la justificación que dieron los nueve vocales del ala 'progresista' del CGPJ ayer.«Expresar nuestra solidaridad con una magistrada no supone anticipar conclusiones sobre los hechos investigados, atribuir responsabilidades ni sustituir la actuación de los órganos competentes.

Supone recordar una exigencia elemental: ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión o la amenaza de quienes pretendan condicionar sus decisiones».Concluyen el comunicado recordando que la independencia judicial «no admite excepciones por razón del asunto enjuiciado, de las personas afectadas ni de la repercusión pública de las decisiones.

Su defensa no es una opción de oportunidad, sino una exigencia permanente del Estado de derecho y una responsabilidad que incumbe a todas las instituciones llamadas a preservarlo».