El Gobierno de Ayuso presenta alegaciones ante el TC para poder actuar como acción popular en Sol

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que se levante la suspensión de la Ley de acción popular, decretada el pasado mes de septiembre de manera automática tras el recurso presentado por el Gobierno de Sánchez.

Esa ley, aprobada en la Asamblea de Madrid en abril , permitiría a la Comunidad personarse en un eventual procedimiento penal que se abra en relación con los actos de vandalismo que han atentado contra el patrimonio cultural del entorno de la Puerta del Sol, según ha informado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional madrileño, Miguel Ángel García.

La ley aprobada por el Parlamento madrileño, suspendida ahora por un periodo de seis meses, permite a la Comunidad de Madrid ejercer la acción popular en los casos en los que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el patrimonio histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos de interés general.

El pasado 9 de septiembre el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra esta norma.El Ejecutivo autonómico sostiene en sus alegaciones que la ley respeta las competencias estatales y que sólo habilita a la administración autonómica para defender los intereses públicos de los madrileños vinculados a sus competencias.

El ejercicio de la acción popular se realizará, en todo caso, conforme a la forma y las condiciones establecidas por la legislación procesal vigente, según subrayan fuentes de la Comunidad de Madrid.Asimismo, el Gobierno regional solicita al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la Ley 1/2026 y que desestime íntegramente el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno.Esta norma ha permitido a la Comunidad de Madrid personarse como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el incendio de Lozoyuela, declarado el pasado 16 de julio.

Por estos hechos, un hombre de 52 años está siendo investigado como presunto autor de un delito contra el patrimonio natural.Asimismo, la ley permitiría al Gobierno regional personarse en un eventual procedimiento penal que se abra en relación con los actos de vandalismo que han atentado contra el patrimonio cultural del entorno de la Puerta del Sol durante la acampada ilegal que aún permanece en la plaza, según explica el consejero de Presidencia.