Castilla-La Mancha reitera su rechazo al modelo de financiación: «No a ciudadanos de primera y de segunda»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice los recursos suficientes para que todas las comunidades autónomas puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados , especialmente la Sanidad y la Educación, y que lo haga bajo un principio básico en el que «todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos y con la misma calidad».Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación en la mesa de debate ´ Crisis de financiación.

La brecha insostenible ´, junto a sus homólogos de Hacienda de Cantabria y Castilla y León; en el marco del II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías que se ha celebrado este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.Ruiz Molina ha subrayado que existe un problema de suficiencia financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a unas competencias cuyo gasto es profundamente inelástico, especialmente en el ámbito sanitario, al tiempo que ha considerado necesario que los recursos adicionales que pueda aportar el Estado se distribuyan de una manera «justa y objetiva».En este sentido, ha defendido que el futuro modelo debe establecer adecuadamente el concepto de población ajustada , teniendo en cuenta las variables que determinan el «coste real de prestar los servicios públicos» y, particularmente, de la Sanidad, como la población protegida, la edad, la superficie o la densidad de población.Y ha concretado que «no cuesta igual prestar el mismo servicio sanitario en Fuenlabrada que en la provincia de Cuenca, con una población mucho más dispersa y un territorio mucho más extenso», insistiendo que estos criterios deben ser acordados y aplicados de forma objetiva.

En este sentido, el consejero ha considerado que el cálculo de la población ajustada debe quedar en manos de un órgano técnico e independiente , que permita determinar objetivamente cuál es el coste efectivo de prestar los servicios públicos fundamentales.