«No es pedagogía, siempre fue campaña»: el acoso de Sánchez contra la educación privada que frenó la Justicia

El 29-N someterá a examen en las urnas el relato de confrontación e intervencionismo que Pedro Sánchez ha alimentado de forma sistemática durante toda la legislatura contra la iniciativa privada en la educación.

El Gobierno ha hecho ruido con cuatro normas ( de las que sólo se logró aprobar una y que fue tumbada por el Supremo hace unos días ) sin respaldo pedagógico que fueron ideadas, entre otras cosas, como un cálculo electoral para amarrar el apoyo de los sindicatos y movilizar el voto de más de 800.000 profesores funcionarios de la enseñanza pública.

La patronal educativa coincide en un diagnóstico unánime: no son iniciativas aisladas dirigidas a mejorar la calidad del sistema, sino una auténtica «enmienda a la totalidad» al libre mercado educativo.

ABC ha reunido a los principales representantes de la educación privada y concertada en España para analizar las consecuencias de esta escalada normativa: Luis Torres , secretario general de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE); Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas; Elena Cid , directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE); y Santiago García , secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y especialista en Formación Profesional.La ofensiva gubernamental ha sido transversal y abarca todas las etapas del aprendizaje .

La embestida comenzó en el ámbito universitario con el denominado «decreto antichiringuitos» del pasado octubre, ya nulo de pleno derecho después de conocerse la sentencia del Supremo de la semana pasada; continuó con el proyecto de ley de bajada de ratios y horas lectivas (especialmente lesivo con la educación infantil) y se intensificó con el borrador de real decreto de la FP, que se pretendía aprobar definitivamente antes de final de año .

Hace sólo unas semanas, el Ejecutivo sorprendía con un nuevo 'sorpasso' regulatorio anunciado por el propio Sánchez para exigir nuevos topes de presencialidad y porcentajes de doctores por titulación universitaria.La universidad privada, donde comenzó la ofensivaPero el primer gran hito del choque del Ejecutivo con la enseñanza privada, decíamos, tuvo su origen en el ámbito de la Educación Superior.

En octubre del año pasado, el Gobierno aprobó el real decreto de creación y reconocimiento de universidades, un texto concebido de cara a la opinión pública bajo la premisa de limpiar el sistema de «chiringuitos mercantilistas».Para Luis Torres, secretario general de ACADE, la norma, ya nula, estuvo marcada por un intervencionismo feroz y un dudoso rigor técnico desde su gestación: «El decreto de universidades tenía unos 18 informes en contra.